Transparencia y datos abiertos, otra promesa


El presidente de la República, Laurentino Nito Cortizo, asumió un nuevo reto con la transparencia.

Se trata del IV Plan de Acción Nacional de Gobiernos Abiertos, que busca promover la colaboración y participación ciudadana para fortalecer la transparencia y la gobernanza.

Pero a la fecha, no ha logrado cumplir el reto de transparencia, con el cual se comprometió en 2019.

Los nuevos compromisos que adquirió el presidente Cortizo

En los próximos dos años el gobierno del presidente Laurentino Nito Cortizo deberá implementar el IV Plan de Acción Nacional de Gobiernos Abiertos.

El pasado martes, Cortizo se comprometió en promover la colaboración y participación ciudadana para fortalecer la transparencia y la gobernanza con los ocho compromisos del plan, asumidos con la Open Government Partnership (OGP) desde 2012.

Los compromisos, a juicio de Cortizo, “permitirán a la ciudadanía estar mejor informados acerca de temas de Estado. Esto fomenta la democracia participativa, se promueve la efectividad del gobierno y se estimula la confianza ciudadana para lograr mayor participación de los panameños, en la tarea de construir un país más justo y equitativo”.

Los compromisos

El plan en mención pide que se establezcan estrategias en sectores que guardan relación con el medio ambiente; contrataciones abiertas, sector agropecuario; políticas públicas en la sexualidad, escuela de gobierno abierto, estrategias de inclusión, presupuestos abiertos, y participación ciudadana. Todos estos compromisos deben ser ejecutados por uno o varios ministerios y autoridades del país.

Por ejemplo, el tema de las contrataciones abiertas y la transparencia en la infraestructura pública, conceptos que buscan una mayor transparencia en la publicación de datos, la generación de capacidades para su uso sobre compras y contrataciones públicas y la rendición de cuentas debe ser ejecutado por la Dirección General de Contrataciones Públicas.

Lo concerniente a las políticas públicas en la sexualidad para adolescentes y jóvenes, que tiene como objetivo de brindar mayor acceso a la información preventiva, de atención y estadística, debe ser elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censo y los ministerios de Salud, Desarrollo Social y Educación.

En tanto, la creación de la escuela de gobierno abierto, que prevé la inclusión de la educación en gobierno abierto, desde los primeros niveles de enseñanza para formar a nuestras futuras generaciones en esta temática lo debe ejecutar el Ministerio de Educación.

Elsa Fernández, directora general de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) y coordinadora gubernamental de la Comisión Nacional de Gobierno Abierto, explicó que los planes de acción de los países son producto de un proceso de “cocreación” en el que gobierno y la sociedad civil definen compromisos en áreas prioritarias para las naciones con miras a fomentar la transparencia, rendición de cuentas y la participación ciudadana.

Además indicó que todas las líneas temáticas del plan son transversales hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la agenda 2030 para garantizar un desarrollo humano sostenible e inclusivo.

Sin sanciones

¿Qué pasa si el gobierno no cumple con los compromisos? De acuerdo con la Antai, el incumplimiento del plan no conlleva sanciones, pues la OGP es un proceso “voluntario no obligatorio”, pero “si te sumas es porque te comprometes a cumplir”, dijeron en la entidad. Será el Mecanismo de Revisión Independiente (IRM, por sus siglas en inglés), el que dará seguimiento a la implementación, así como su avance e impacto.

El Gobierno acogió a pocos días de que publicara en la Gaceta Oficial la Resolución 71 del 4 de agosto de 2021 que declara que las actas, notas y archivos del presidente y vicepresidente de la República y del Consejo de Gabinete, son de “acceso restringido”, por tanto, no se podrán divulgar en un periodo de 10 años.

En ese sentido, Cristian Ábrego, de la Fundación Conciencia Ciudadana, manifestó que consideran una “burla” que el Presidente asuma compromisos relacionados a la transparencia, cuando en paralelo firma decretos en los que establece como información de acceso restringido, “cuando no han hecho ni una sola rendición de cuentas seria y detallada del gasto en pandemia desde que empezó el estado de emergencia y cuando no han explicado el por qué de seguir aumentando la planilla estatal, mientras el país se sigue endeudando”.

“Cortizo y su grupo de ministros siguen riéndose en la cara del pueblo, diciendo una cosa y haciendo otra. Pensando que vamos a seguir comiéndonos el cuento de los típicos políticos de siempre, que no saben hacer más que mentir y engañar”, indicó Ábrego.

En 2019 Cortizo se comprometió con el llamado Reto de Transparencia, de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, pero a la fecha, no lo ha cumplido.

Este reto buscaba que Cortizo en el primer año de gestión, por ejemplo, presentara ante la Asamblea Nacional, proyectos de ley que mejoren la transparencia, como la ley de conflictos de intereses, la actualización de la ley del Tribunal de Cuentas y la actualización de las declaraciones de bienes patrimoniales.



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