Técnicos denuncian despidos en la Senniaf


Profesionales, entre ellos trabajadores sociales, denuncian que fueron destituidos sin justificación de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), en lo que va de 2020.

La información contrasta con lo planteado por la directora de esa entidad, Sara Rodríguez, el pasado 19 de agosto, cuando fue citada por la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional, al señalar que para fiscalizar mejor los albergues para menores de edad necesitaba de un mayor presupuesto y personal técnico.

Dentro del grupo de profesionales que fueron destituidos de la entidad están dos trabajadoras sociales que denunciaron las irregularidades en el albergue llamado Centro de Atención Integral Fundación Chilibre Panamá, ubicado en Tocumen, así como en el Refugio Vida Libre, en Las Garzas.

Una de ellas es Chanita Chamarra, quien dice que aún no entiende cómo Rodríguez la despidió, cuando fue por su labor que sus superiores se enteraron de lo que ocurría tanto en el albergue de Tocumen como en el de Las Garzas, donde presuntamente hubo maltrato y acoso sexual a menores.

“Fue injusta mi destitución porque yo cumplí con mi trabajo al informar de lo ocurrido a mis superiores. Con esta acción, la institución quiso limpiarse y salvar su imagen, pero la verdad siempre sale a la luz”, dijo.

De acuerdo con Chamarra, ahora la entidad carece de trabajadores sociales, pero el tema pasa por lo político porque cada gobierno reemplaza o cambia el personal. Por ejemplo, mencionó la Dirección de Supervisión y Monitoreo de Albergues, donde hay solo una trabajadora social, y antes habían entre 9 y 10 profesionales.

De hecho, durante su citación a la Asamblea la directora de Senniaf apeló a los diputados para que le ayuden a mejorar el presupuesto de la entidad y así poder contratar más personal. Dijo que la asignación actual es muy baja para atender a la población infantil más vulnerable del país.

En ese contexto, manifestó que, por ejemplo, su entidad sólo cuenta con 61 trabajadoras sociales para atender 54 albergues con niños y adolescentes, lo que hace el trabajo difícil. En 2019 la Senniaf recibió poco más de $6 millones de presupuesto y más del 90% se fue en funcionamiento. Para inversión son $400 mil.

Más quejas

Otra de las trabajadoras sociales despedidas fue María Victoria Pomar, quien también firmó el informe sobre las irregularidades en el albergue de Tocumen.

Según Pomar ella también entregó los informes correspondientes a los directores de departamento, pero ellos siguen aún en sus puestos. “Es totalmente injusto que nos hagan esto luego que nosotros diéramos la voz de alerta”, acotó la trabajadora social quien indica que los directores de la entidad evadieron responsabilidades.

Otras fuentes de la Senniaf señalan que las destituciones de Chamarra y Pomar no son las únicas. Aseguran que desde la llegada de Rodríguez se debilitó la Dirección de Supervisión de Albergues, donde antes habían 9 personas y ahora sólo queda una trabajadora social. También afirman que dejó sin funciones la oficina de la entidad en San Miguelito y se debilitó la regional de Veraguas al cesar de sus labores a otras dos trabajadoras sociales y dos psicólogos.

El trabajo de esta última oficina es importante porque desde allí se atienden las provincias de Coclé, Herrera, Los Santos y la comarca Ngäbe Buglé.

Nancy González, una de las trabajadoras sociales despedidas en este despacho, dijo que le notificaron de su destitución en enero. “Siento que a mí me sacaron por un tema político y sin argumentos”, dijo la exfuncionaria quien atendía cuatro provincias y el área comarcal.

Para esta trabajadora social, el problema en todo este tema es que la Senniaf, además de sacar de la entidad al personal administrativo, también lo está haciendo con el personal técnico que atiende a los niños, niñas y adolescentes del país.

“A los únicos que se perjudica con esas acciones es a los niños. Todos esos traslados de menores de edad a albergues son firmados por los directores, y también gozan del visto bueno de la directora Rodríguez, por lo que ella está al tanto de todo”, manifestó González.

La Senniaf autorizó este año el traslado de menores de edad a albergues para adultos que afrontaban problemas de adicción en Veraguas y Panamá. Estos hechos son investigados por autoridades del Ministerio Público, y los hechos también dieron pie a que se abrieran procesos administrativos.

Los reclamos

Frente a estos despidos, la Asociación de Trabajadores Sociales de Panamá envió una nota a la directora de Senniaf el pasado 8 de septiembre, en la que le plantean la “preocupación” por las situaciones –en términos del ejercicio profesional de los trabajadores y trabajadoras sociales– que están ocurriendo en esa entidad.

Según la Asociación, la decisión que se está adoptando en la Senniaf es prescindir de los trabajadores sociales negándoles las garantías constitucionales del debido proceso y la oportunidad a presentar sus descargos y defensa. Varios de estos profesionales fueron apartados de sus puestos sin explicación por parte de las autoridades de la Senniaf.

Kenia Batista, directora de la Asociación de Trabajadores Sociales, subrayó que en esa entidad hay personas que no manejan el tema tomando decisiones. “Trabajar con la niñez es un tema muy delicado”, expresó.

El presupuesto

Esta semana, la directora de la Senniaf justificó su presupuesto en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. Allí, varios de los diputados le recordaron el tema de las destituciones y nuevos nombramientos.

Uno de ellos fue el independiente Juan Diego Vásquez, quien le dijo a Rodríguez que sin la labor eficiente de la Senniaf, la protección de niños y niñas es un tema que va al despeñadero.

“A mí me preocupa la falta de capacidad real con la que usted me dice que aún con un presupuesto como el que tiene no vamos a cumplir con la niñez”, puntualizó.

Según Vásquez, se requiere una Senniaf que cuente con la capacidad técnica y profesional para la supervisión de los albergues, a lo que Rodríguez le respondió que el nuevo presupuesto busca contar con el personal necesario en las regionales, manteniendo una supervisión frecuente.

La diputada Fátima Agrazal, de Cambio Democrático, le recordó a la directora de la Senniaf las anomalías ocurridas en un albergue en Veraguas, donde menores de edad fueron supuestamente maltratadas, luego de que fueran enviadas allí por la entidad.

“Estamos hablando de niños y niñas. Yo no sé si hemos entendido el tema, ya que usted debe estar pendiente de todas sus regionales. Esto no puede seguir pasando y no se lo vamos a permitir a usted y a ninguna administración”, remarcó.

Agrazal también preguntó a Rodríguez por los nuevos nombramientos de trabajadores sociales y psicólogos en la regional de Veraguas, ya que la oficina está casi inoperante. “Así como fueron destituidos trabajadores sociales y psicólogos, así de rápido deben ser los nombramientos. Eso no puede esperar y estamos esperando en Veraguas una buena acción por parte suya”, concluyó.

Se envió un cuestionario a la Senniaf para conocer su versión de los despidos, pero no hubo respuesta al cierre de la edición.



MÁS INFORMACIÓN

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

A %d blogueros les gusta esto: