Rendición de cuentas, un peloteo institucional


Sin rendición de cuentas. Así quedó una vez más la reactivada planilla 172 de contratos por servicios profesionales de la Asamblea Nacional (AN), para la cual se desembolsaron $8 millones –entre mayo y septiembre de este año–, sin que se detallen las funciones de este personal. Se trata de la controversial planilla conocida como cashback.

La Prensa le solicitó a la Contraloría General de la República, desde el pasado 20 de octubre, “copia simple de los contratos de servicios profesionales y el informe o documento de recibido conforme de estos servicios pactados y ejecutados”, a través de esta partida, durante el quinquenio pasado y de 2020.

Sin embargo, la institución fiscalizadora no las proporcionó. Sugirió a La Prensa solicitarlas a la AN, que es su custodio, dijo. “La copia simple de los contratos de servicios profesionales y los informes de avance y final correspondientes a los servicios pactados y ejecutados, pagados con la partida 172 de la Asamblea Nacional son remitidos a la Contraloría General de la República para ejercer control previo. Sin embargo, una vez se refrendan toda la documentación es devuelta a la Asamblea Nacional, quien mantiene los originales bajo su custodia”, indica la carta de la Contraloría, fechada el 30 de octubre.

Carta

Esto, a pesar de que la Dirección de Fiscalización de la Contraloría, en carta del 5 de octubre pasado, indicó a La Prensa que “todo trámite de pago de planillas de servicios especiales que se gestione ante la Contraloría General tiene que ir acompañado de toda documentación pactada, incluyendo los informes de avance, por lo que nuestra institución tiene el pleno conocimiento o no de los servicios especiales contratados por las entidades del Estado”.

Y mientras la Contraloría le respondía a La Prensa lo ya señalado, a la asociación Acción Ciudadana –que efectuó la misma solicitud– le respondía otra cosa. Más concretamente, le indicaba que lo solicitado era confidencial.

A su vez, la Asamblea recibió la misma petición de parte de La Prensa: copia simple de los contratos de servicios profesionales y constancia de haber recibido conforme estos servicios o los informes de avance del servicio enviados a la Contraloría para los pagos de 2020.

Pese a que se cumplieron los 30 días de plazo que concede la Ley de Transparencia a las instituciones para responder las peticiones ciudadanas, desde que este medio envió correos e hizo múltiples llamadas al presidente de la AN, Marcos Castillero, y desde que se llamó y se le dejó mensajes a su jefe de prensa, la Asamblea Nacional ignoró sistemáticamente todos los esfuerzos de este medio por obtener una respuesta.

A la fecha, la AN tampoco ha respondido a La Prensa un cuestionario enviado el 20 de octubre pasado –formulado bajo el amparo de la Ley de Transparencia–, a pesar de que éste se envió días antes de ser publicada una investigación periodística que reveló la reactivación de esta partida: ¿Qué tipo de actividades tenía la Asamblea en esos meses [de la pandemia] que requerían mil 700 contratados y cuáles son sus funciones?.

Rendición de cuentas, un peloteo institucional
Carta

El abogado Ernesto Cedeño, quien trabajó como asesor legal en la Contraloría General de la República, destacó que es falso que esta institución no posea la información de los contratos. Citó el Decreto No. 72 de 2013, que adoptó el uso de un sistema de control único de documentos (SCAFID), que permite dar seguimiento, control, acceso y fiscalización de los documentos que se procesan en la Contraloría.

La investigación de La Prensa “Asamblea Nacional revivió el fantasma de la planilla cashback” reveló que el 87% de estos $8 millones en contratos se pagó en julio, cuando se registró el pico de casos de la Covid-19 en Panamá. Los pagos más cuantiosos los tenían exdiputados que no lograron la reelección y exfuncionarios como los otrora legisladores Javier Patacón Ortega, quien a su vez figura en la planilla permanente de otra institución; María Chelita Delgado, Alfredo Fello Pérez, Juan Manuel Peralta y familiares de diputados que estaban antes en la planilla 080, como el hermano del diputado Sergio Chello Gálvez.

Según la Ley de Presupuesto, estos contratos de servicios –que se pagan con la partida 172– son para puestos que no existen en la estructura permanente de la institución por la naturaleza de sus funciones. Sin embargo, al no publicarse el motivo de estos contratos, no se puede conocer si se está dando esta duplicidad.

Adjuntos

Carta completa enviada a la Asamblea.pdf



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