Recorte de historial retringiría el crédito


Una eventual reducción del historial de crédito de personas y empresas se traduciría en mayores dificultades para el acceso al crédito.

Así lo comentaron ayer varios representantes de la industria bancaria, en el marco del primer debate del proyecto de ley 424, “que modifica y adiciona artículos a la Ley 24 de 2002, que regula el servicio de información sobre el historial de crédito de los consumidores o clientes”.

El proyecto de ley, que fue presentado por el diputado Luis Cruz, del Partido Revolucionario Democrático, contempla una reducción de siete a tres años del historial de crédito de los deudores.

Ayer se abrió el primer debate y se aprobó la creación de una subcomisión para analizar el proyecto con mayor profundidad. Esa subcomisión deberá presentar un informe ante la comisión para retomar eventualmente el primer debate.

La iniciativa parlamentaria no ha pasado inadvertida en la industria bancaria, que llama la atención sobre las consecuencias de una ley de este tipo.

Carlos Berguido, presidente ejecutivo de la Asociación Bancaria de Panamá (ABP), participó ayer en el primer debate del proyecto y manifestó su rechazo.

Argumentó que la iniciativa pone más obstáculos a las personas y limita el acceso al crédito, ya que las referencias ayudan al banco a tomar una decisión sobre prestar o no prestar y con qué condiciones.

Si el historial de crédito pasa de los siete años actuales a los tres propuestos, se está reduciendo la cantidad de información de la que dispone el acreedor, dijo.

“Si le quitas la referencia, le quitas al acreedor información sobre el deudor y el acreedor se pone en una situación que asume que hay más riesgo y se vuelve más cauteloso”, apuntó.

Esto se traduciría en condiciones de crédito más restrictivas, que pueden verse en forma de menores plazos, tasas más altas, mayores garantías, en la petición de un abono inicial más elevado o directamente en la negación de un crédito.

Berguido comentó que unas 1,200 empresas envían información al sistema de referencias de crédito de la APC, destacando que no solo se afectaría el sector bancario, sino otros comercios que conceden créditos a sus clientes.

Según los registros de APC Intelidat, el porcentaje de morosidad de todas las carteras y todas las industrias al cierre del mes de julio de 2020 era de 6.3%, lo que significa que el 93.7% de la población cumple con sus pagos.

En ese sentido, Aimeé Sentmat de Grimaldo, presidenta de la junta directiva de la ABP, explicó que tener un historial de crédito se traduce en que los bancos puedan dar a un cliente más préstamos, porque lo conocen, y pueden hacer propuestas teniendo en cuenta esta información y su perfil de riesgo.

Este no es el único proyecto que hay en la Asamblea que cambiaría las condiciones actuales de la relación entre bancos y clientes. Hay un anteproyecto de ley que aspira a imponer topes a las tasa de interés.

Sentmat advirtió de un efecto contrario al deseado por iniciativas de este tipo y vaticinó que estos proyectos “van a excluir del acceso al crédito a la gente que más lo necesita porque tienen un perfil de riesgo más alto. El peor crédito que hay es el que no se tiene”.



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