Receta para el desarrollo



La justicia es el valor moral indispensable para que cualquier sociedad se sienta y mantenga unida, y actúa como acicate y motivo supremo para que un Estado avance y mejore proporcionando bienestar a todos.

Si tiene importancia para un pueblo, sus individuos se preocuparán de que la educación, como instrumento fundamental para saber y tener mayores oportunidades en la vida, sea de calidad y alcance como para conocer un poco de todo, y sea mucha en las especialidades, de modo que nos haga competitivos en las más avanzadas ciencias y tecnologías, ofreciendo oportunidades excepcionales a quienes se preparan y derramando bondades para todos. Repercutirá en la salud preventiva y curativa; actuará como dique de la corrupción, de la inseguridad ciudadana, de la delincuencia y de la violencia; promoverá fuentes de empleo; atraerá inversiones; hará del Estado en que se practique un centro, primero regional y luego mundial, de operaciones financieras, de comercio, de logística, de resolución de controversias, de investigaciones técnicas y científicas; cerrará brechas; contribuirá a la distribución de la riqueza, en fin, hay aún varios párrafos como este que pueden añadirse describiendo sus bondades.

Para disponer de ella como elemento amalgamador y promotor del mejoramiento de la sociedad panameña, es necesario dejar de lado esos valores atávicos rudimentarios y mezquinos, tan arraigados en muchos ciudadanos, pero en el fondo regresivos, que ya hemos identificado en esas expresiones repugnantes de “qué hay pa’ mí”, “juega vivo” y “sálvese quien pueda”, que en verdad llevan a una sociedad oportunista, materialista, ignorante, confundida y confrontativa.

Debemos adquirir conciencia de su valor, interiorizar su trascendencia, actuar teniendo a la justicia como faro orientador de nuestros actos, donde el ánimo de lucro y la competencia, siendo ambos valores de estímulo del crecimiento personal y social, no nos lleven a los extremos de exceder sus fronteras para convertirse en actos de despojo y de guerra.

En el caso de los funcionarios públicos, la justicia debe ser tenida en cuenta para cada decisión que deba tomarse en todos los ámbitos, desde las más trascendentes en las más elevadas esferas de los órganos del Estado, hasta las de los que tienen presencia en las calles como inspectores, policías y trabajadores, haciéndola prevalecer sobre los tan frecuentes ejercicios de alarde de autoridad que pululan en retenes y “operativos” de toda clase.

Los integrantes de la Asamblea Nacional son actores principalísimos, por tener la responsabilidad de aprobar las leyes para que la justicia sea la rectora de sus votos. Cuánto deseamos esto los ciudadanos y cuán frustrados estamos por las evidencias de que sus manos están más bien extendidas con las palmas abiertas, esperando recompensas, antes que con el brazo en vertical votando por lo justo y lo necesario, que es también lo decente.

Muchísimas víctimas ha acumulado nuestra historia por falta de justicia, no solamente por los deudos que esperarían la imposición de sanciones a homicidas y asesinos, sino por quienes han perdido sus vidas a manos de delincuentes libres que debieran haber sido encerrados oportunamente para protección de los ciudadanos y de sus propiedades, por el empobrecimiento de toda una nación cuyas riquezas van a parar a unos pocos con credenciales de diputados, de jueces, de magistrados, de fiscales, de ministros y presidentes arropados de inmunidades que ellos mismos tejen, sin que las excepciones se apliquen, mientras el pueblo llano carece de agua, caminos, puentes, medicinas, aceras, tierra para cultivar, seguridad y, en una palabra, justicia.

No se trata de un llamado a las autoridades del país, sino a todos. Hagamos de la justicia el norte de nuestros actos, teniéndola presente en los negocios, en la retribución de los trabajadores, en la recaudación de tasas e impuestos, en las tarifas por nuestros servicios, en compartir las utilidades con quienes nos ayuda a generarlas, en la eficiencia de nuestro trabajo, en la pronta solución de los problemas, en la interpretación y aplicación de las leyes y en el cumplimiento de nuestros deberes, cualquiera que sea el sector de nuestras actividades.

El autor es abogado y exmagistrado del Tribunal Electoral



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