¿Qué pasa si dejo de pagar las facturas de la electricidad? ¿Y si un ayuntamiento se declara en rebeldía?


La constante subida del precio de la luz convirtió agosto en el mes más caro de la historia… y septiembre empieza de la misma manera. Este jueves el precio medio de la electricidad en el mercado mayorista se ha situado en 140,23 euros el megavatio hora, con lo que este indicador bate récord histórico por cuarto día consecutivo. Ante esta situación, un municipio madrileño ha decidido dejar de pagar sus facturas de electricidad.

El alcalde de Batres, Víctor Manuel López Rodríguez, ha anunciado que dada “la situación actual de permanente abuso por parte de las eléctricas” va a suspender los pagos a las compañías que suministran energía al Ayuntamiento, “priorizando otros pagos para garantizar los servicios públicos municipales”

En declaraciones a este medio, el alcalde aseguró que “si toda la ciudadanía dejase de pagar la factura de la luz la presión sería total para las eléctricas, pero si solo lo hicieran unos pocos acabarían con ellos en un santiamén mediante el corte de suministro. No ocurre lo mismo con las administraciones públicas“, en referencia a la creencia de que las compañías no pueden cortarles la luz.


Este jueves se ha podido conocer que este Ayuntamiento tiene un acuerdo suscrito con Iberdrola que hace que no solo no les afecte la subida de precios, sino que directamente pagan menos que los particulares. Aun así, López Rodríguez ha mantenido su decisión de no pagar.

Carlos Martín, presidente de la sección de consumo del Colegio de Abogados de Madrid, aclara a 20minutos que existen diferencias sobre cómo se realiza el corte de la electricidad a un particular y a la administración, además de recordar que a este último “en determinados casos sí se les puede cortar el suministro”.

¿Qué ocurre si un ayuntamiento deja de pagar el suministro eléctrico?

En sus declaraciones de este martes, el alcalde aseguró a EFE que cuando las administraciones no pagan la factura de la luz, “las eléctricas han de acudir a los tribunales para que se les obligue al pago mediante sentencia judicial, pero no les pueden cortar la luz de los colegios, de la Casa Consistorial o de la iluminación de las calles”.

Según recoge la Ley 24/2013 existe un grupo de consumidores cuyo suministro no puede ser suspendido, detallando una lista de suministros esenciales entre los que se encuentran hospitales, centros penitenciarios o el alumbrado publico, entre otros. No obstante, los edificios municipales no se encuentran entre ellos, y ya hay precedentes de consistorios a los que se les ha cortado la luz por impagos, como ocurrió en Navalcarnero en 2015.

La decisión del alcalde de Batres de seguir adelante podría traer consecuencias judiciales y verse traducido en un corte del suministro en algunos inmuebles que dependen del ayuntamiento. “Una cosa es que afecte al alumbrado de la calle, pero cosa distinta es al edificio del ayuntamiento, que no está considerado servicios esenciales”, asegura Martín.

Batres mantiene la suspensión de pago de los recibos de la luz pese a que la subida no afecte a los ayuntamientos

En este tipo de casos, si a los dos meses no han pagado el importe del suministro eléctrico la compañía decidirá si lleva o no a los tribunales a la administración, además de aplicar intereses a la deuda pendiente. 

Esto es lo que, según Iberdrola, ha ocurrido precisamente con Batres. La compañía asegura a 20minutos que este pueblo mantiene una deuda desde hace años, y que aunque ya ha saldado parte de ella, se mantiene con un saldo actual de 50.000 euros, sin que por ello se haya visto interrumpido su servicio de luz. El alcalde ha salido al paso alegando que esa deuda ya no existe.

¿Y si es un particular el que deja de pagar?

A diferencia de lo que ocurre con la administración pública, cuando es un particular el que deja de pagar las facturas el proceso de cortar el suministro es mucho más rápido.

“El impago de un particular se rige por el principio de que si al segundo mes después de haberse notificado no se atiene el pago de la factura se le puede suspender directamente la electricidad“, recuerda Martín.

En el caso de que una persona no haya podido realizar el pago de las facturas la judicialización del caso se realiza posteriormente al corte del suministro. Esto podría afectar en algunos casos a unidades familiares vulnerables, provocando una “situación muy conflictiva desde el punto de vista social”, dice el experto en consumo. 

Precio medio de la electricidad en España

Para este tipo de grupos existen bonos sociales que ayudan a sufragar parte de las facturas a algunos usuarios por la situación en la que se encuentran, “parecido a lo que sucede con los bancos de alimentos”, recuerda Martín, que añade que “no existe una norma para atender estos supuestos” y “esta problemática debería estar regulada para prevenir que aquellos que verdaderamente lo necesitan sean atendidos a tiempo”.

Mientras tanto, desde Batres el alcalde defiende que mientras “no se produzca un retroceso de los precios de la electricidad a valores que permitan a la ciudadanía española un consumo mínimo indispensable con unos costes contenidos, este alcalde va a suspender los pagos a las compañías eléctricas”.



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