Presidente Cortizo dejó a un lado el Reto por la Transparencia


Ponerle fin al creciente deterioro de las instituciones democráticas, “heridas” por la “corrupción” y la “impunidad”, es el “gran desafío” de la gestión de Laurentino Nito Cortizo, según un informe publicado por la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, que evalúa la gestión del mandatario, en base al “Reto por la Transparencia”, que firmó a inicios de 2019.

El documento se hizo público cuando el mandatario rendía su informe a la nación este viernes 1 de julio, en la instalación del cuarto período de la Asamblea Nacional, y en el cual dejó a un lado temas de la agenda anticorrupción.

El informe de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, que evalúa los tres años de gestión de Cortizo, consta de 14 páginas. Indica que hay “pocos avances” en el combate a la corrupción y la rendición de cuentas. Esta situación, según la Fundación, es preocupante, pues implica “terribles consecuencias en materia de justicia, transparencia, participación ciudadana y equidad”.

En 2019, seis de los siete candidatos presidenciales se comprometieron a que de ganar la silla presidencial, ejecutarían el reto en todas sus áreas, las cuales involucran mejorar la transparencia en las áreas de prevención de conflictos de interés y leyes anticorrupción, rendición de cuentas, contrataciones públicas, compromiso con la justicia, acceso a la información, gobiernos abiertos y datos abiertos.

Con la firma de este reto, los candidatos además se comprometían a abrir sus planes de gobierno a una “auditoría ciudadana”, que terminaría con un informe por parte de la Fundación. Cortizo incluyó la ejecución de dicho reto en la página 23 de su plan de acción denominado “Uniendo Fuerzas”.

Corrupción y rendición de cuentas

Durante el primer año de mandato, Cortizo debió presentar ante el Legislativo proyectos de ley que eviten el conflicto de interés, los delitos contra la administración pública y los sobornos. Sin embargo, son pocos los esfuerzos hechos por el Gobierno en estos temas.

Se detalla que aunque el Ejecutivo presentó, el 28 de abril de 2021, un proyecto para implementar la legislación de extinción de dominio en el país, la iniciativa no ha sido avalada por la Asamblea y se encuentra en una subcomisión.

En el tema de transparencia y rendición de cuentas, se pedía el estricto cumplimiento de la Ley de Carrera Administrativa con el fin de profesionalizar el servicio público y el cumplimiento de la Ley 6 de 2002, sobre transparencia en la gestión pública, en materia de acceso a la información y consulta ciudadana en obras a ser realizadas con fondos públicos. No obstante, en este tema, el informe señala que hubo un “retroceso”.

El documento también se refiere al decreto que suspendió la carrera administrativa y los dos que equiparan la experiencia laboral con la educación formal necesaria para lograr ascensos y nombramientos. Estos últimos están suspendidos por orden de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, hasta que se resuelva el recurso legal presentado por el abogado Ernesto Cedeño.

También hace alusión al aumento de la planilla estatal y a la Ley 756, que el presidente firmó en abril de este año y que modifica la Ley 4 de 2006, que reorganiza la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), que permitió la reelección de la rectora Etelvina de Bonagas.

A su vez, plantea que las compras y contrataciones realizadas durante el proceso de excepción por la emergencia sanitaria de la covid-19, a partir de la Resolución de Gabinete No. 11 del 13 de marzo de 2020, “no llevan los procesos regulares de controles pre y post, ni de transparencia”. Además, señala que no ha habido consultas ciudadanas.

“La Comisión de Justicia y Paz realizó una veeduría de tres meses del Plan Panamá Solidario y su reporte arrojó múltiples instancias de discrecionalidad y uso de las asistencias de forma clientelar por operadores políticos, que no se traducen en denuncias o investigaciones”, se lee en el informe.

Contratación pública y justicia

Sobre el tema de las contrataciones públicas, se observa un avance en la simplificación de procesos, con una plataforma de cotización en línea que simplifica y transparenta las adquisiciones de contrataciones menores hasta $10 mil. Sin embargo, el informe advierte que aunque se aprobó la Ley 153 del 8 de mayo de 2020, que modifica la Ley de Contrataciones Públicas, la reforma “se queda corta y genera ambigüedades y espacios para la trampa, en cuanto a la anticorrupción”.

Con respecto a la justicia, se pone como avance, luego de quejas de organizaciones y magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la aprobación por parte del Ejecutivo de $15 millones al Órgano Judicial para la implementación de la carrera judicial.

Acceso a la información

En el renglón de acceso a la información, gobiernos abiertos y datos abiertos, se señala que si bien la Ley 6 de 2002 sigue vigente, desde el inicio de la pandemia se ha dilatado el tiempo de respuesta de las instituciones del Estado a las solicitudes de acceso a información pública.

Estamos experimentando un retroceso en la transparencia proactiva por parte de los funcionarios, negando información que es de naturaleza pública, utilizando la Ley de Privacidad de Datos de forma discrecional”. Cita como ejemplo al Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), que se niega a informar sobre los beneficiarios de sus becas, invocando la ley de protección de datos.



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