¿Por qué legalizar el secretismo gubernamental?


El Gobierno Nacional promulgó una resolución ejecutiva en la cual se establece que todo lo que ocurra en las reuniones de Gabinete será considerado secreto, al menos durante 10 años, lo cual nos parece no solo un abuso de autoridad, sino que convierte documentos públicos en secreto de Estado que impiden al país enterarse de la realidad que ocurre en la gestión de gobierno.

Creo, y lo digo con el mayor respeto a la persona del señor presidente, que dicho acto es una de las formas más erróneas de crear sospechas sobre la labor que realizan los ministros y funcionarios de alto rango, porque al decretar el secreto sobre las discusiones y documentos del Consejo de Gabinete, lo que percibe la opinión pública es que se quiere ocultar algo. Todo gobierno tiene, en ocasiones, que mantener el secreto o reserva en algunos aspectos de las discusiones que ocurren en ese colegiado político, por ejemplo, aquellas que pueden alterar gravemente la seguridad pública por causa de la alarma o desasosiego colectivo que pueden provocar. Pero eso no justifica que todo lo que se habla tenga que ser secreto; más aún cuando entran y salen ministros del gobierno que, de acuerdo al presidente, y refiriéndose a los nombrados por él, son funcionarios prescindibles, cosa que dijo al momento de referirse a los futuros cambios en su Gabinete y en el que hizo la excepción de dos: los ministros de la Presidencia y de Obras Públicas.

La resolución aprobada por el Ejecutivo no solo le hace daño a los funcionarios, sino al periodismo, porque todo el país se pregunta por qué es necesario mantener en secreto las actas del Gabinete, cuando es un asunto público que atañe a los ciudadanos. Ocultarle a la ciudadanía y a la prensa las decisiones del Gabinete y cómo se llega a ellas es nefasto para la libertad de expresión y el derecho a la información, que son pieza fundamental para el pleno ejercicio de ellas y la democracia. Socava, además, los fundamentos mismos de la democracia, que requiere de la fiscalización ciudadana de los asuntos públicos y el actuar de las autoridades, para asegurar que la gestión de gobierno enrumbe al país hacia el progreso y procure en todos sus actos el bienestar de la población.

Sin transparencia y rendición de cuentas, las libertades ciudadanas son lesionadas gravemente. Si a ello le sumamos el secretismo oficializado a través de una resolución del Ejecutivo, la transparencia y rendición de cuentas resultan nulas y pasan a formar parte de las exigencias que reclamará el pueblo panameño a sus autoridades, durante y después de su gestión de gobierno. La mencionada resolución empieza por ser una mordaza para la prensa y el ejercicio de la libertad de expresión e información, para convertirse luego en símbolo de las sospechas de los actos de corrupción pública que se ocultarán al amparo del secretismo de Estado, formalizado en una resolución que busca darle matiz legal a tal exabrupto.

La población entera desea que el señor presidente comprenda que un país huérfano de información cuestiona mucho más a su propio gobierno. Convertir a Panamá en un Estado misterioso es el daño más grande que se le puede hacer. Ya ha habido muchísimos secretos en este gobierno, como el costo del manejo de la pandemia y las negociaciones con PPC y la minera, que provocó la renuncia del embajador Salamín. El disgusto de la ciudadanía se ha podido observar en las redes sociales, cosa que debe ser el termómetro para que el presidente y su gobierno midan las consecuencias que trae la promulgación de una resolución que trata de hacer legal el secretismo sobre las actuaciones del Gabinete.

Con el mayor respeto que se le merece al presidente, debe recordársele que su gobierno ha sido el más criticado. Sea verdad o no, su gobierno es señalado por tener a miembros que, según sus propias palabras, se les considera imprescindibles o intocables, a pesar de las irregularidades que se presume hayan cometido. Dos de sus ministros son los más señalados por irregularidades en su gestión ministerial; eso debe ser más que motivo para reconsiderar dicha resolución y revisar la actuación de sus asesores que, le recordamos, no son sus amigos, salvo cuando necesitan de su ayuda.

Al igual que a otros ciudadanos, me indigna y, como periodista, mucho más, la decisión que legaliza el secretismo oficial. A mis colegas, les sugiero, con mucho respeto, defender la verdad que es igual a la democracia. Recordemos que no hay democracia sin críticas y que las críticas bien intencionadas deben ser aceptadas por los gobiernos, porque procuran el bienestar del país. Y son las críticas las que sirven como freno para los abusos gubernamentales que conducen, por lo general, a los actos de corrupción.

El periodismo debe defender, más que a la profesión, lo que representa el acceso a la información pública y la búsqueda de la verdad. Para que haya buen periodismo es necesario que haya acceso libre a la información, sobre todo en esta era digital en la que los asuntos públicos están más expuestos al escrutinio ciudadano. Esto debe ser entendido por los gobernantes. Y en el caso particular del nuestro, con mucha más razón y seriedad. Por eso debe preocuparse el señor presidente en que se provea a la prensa de información veraz, completa y libre de todo sesgo que busque justificar o ponderar lo que muchas veces los políticos en el poder entienden por “buen gobierno”. Más aún cuando ese “buen gobierno” se sustenta en el secretismo y la prohibición de acceder a las fuentes y los documentos que corroboren lo actuado por sus funcionarios.

El autor es periodista



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