¿Por qué estamos perdiendo la guerra contra la delincuencia?


Los titulares escabrosos de la crónica roja de los últimos meses dan una sensación de enorme ansiedad e inseguridad ciudadana. Encuentran un ataúd con la cabeza de un hombre en Los Santos. En Colón, un hombre es asesinado frente a sus hijos pequeños. En San Carlos, un joven profesional aparece muerto en su auto. Mientras que en el corregimiento de San Francisco, en cuestión de pocos días, asesinan a un hombre en un restaurante, ultiman a un hombre que estaba subiendo a su automóvil en un prestigioso centro comercial; este asesinato ocurrió delante de sus dos pequeñas hijas. Mientras que en Vista Hermosa, el fin de semana pasado hubo otra balacera de un auto hacia otro, ocasionando más muerte y luto.

Por otro lado, la llamada delincuencia menor: el hurto de computadoras y radios de los automóviles, el secuestro de mascotas, el carterismo, el hurto de piezas de automóviles, y otras conductas similares mantienen a la clase media agobiada dentro de un clima en el que campea la total impunidad, producto de una institucionalidad y un marco legal rebasados, que no entiende que la microdelincuencia es el prólogo de la macro.

Panamá rompe récords de incautación de drogas para orgullo y felicidad de la DEA y del Departamento de Estado, mientras que las poderosísimas bandas que dominan el crimen organizado criollo, siguen siendo un elemento fundamental de la delincuencia transnacional. Ellos se pavonean en público, y descaradamente con su propia bancada legislativa, la de los narcodiputados.

¿Cómo llegamos aquí?

Todos los factores, sociales, económicos, históricos y culturales forman parte de la explicación del fenómeno, pero uno en particular es el más destacable: la impunidad. Después de la invasión de 1989, las organizaciones delictivas se fracturaron y la gran delincuencia organizada de blanqueo de capitales, tráfico de drogas, tráfico de seres humanos, contrabandos y todo el catálogo de miserias e infamias, estaba concentrado en pocas manos. El sistema judicial, incluyendo al Ministerio Público y al Órgano Judicial, más o menos capturaban y juzgaban a los emprendedores del crimen, y los retiraban temporalmente del mercado. Mientras el sistema penitenciario se fue convirtiendo en una incubadora de empresas criminales, el blanqueo de capitales, los peculados, los sobornos y el clientelismo fueron abriendo una brecha en la endeble justicia panameña.

El crimen de cuello blanco compró y fabricó impunidad judicial para unos pocos, el narcotráfico y las bandas democratizaron esa impunidad. El asunto se complicó aún más porque los cuerpos de seguridad se transformaron en nuevos clones de la guardia nacional, aptos para reprimir la protesta política, incapaces de controlar a la delincuencia organizada.

En el gobierno de Martín Torrijos se desmanteló a la Policía Técnica Judicial, y se les dieron sus funciones a la Policía Nacional. Esto debilitó las capacidades investigativas del Ministerio Público y, por ende, redujo la iniciativa estratégica de los fiscales. Además, el desmantelamiento de la Policía Técnica Judicial expuso a los investigadores a la corrupción de la Policía Nacional. El policía de Tránsito coimero, pasó a ser investigador, o el oficial que se llenó los bolsillos, vendiendo favores en las cárceles, pasó a controlar una pesquisa criminal. Sin controles ni exámenes de confianza, se ha hecho cada vez más común que miembros de los cuerpos de seguridad pertenezcan a las pandillas.

Quizás el aspecto más descuidado de todo esto ha sido el preventivo. Los políticos y los organismos internacionales se llenaron la boca con los subsidios de la Red de Oportunidades, la Beca Universal, 120 a los 65, y el largo rosario de transferencias monetarias supuestamente dirigidas a las comunidades más vulnerables. Sin medición ni evaluación, el Estado dispensaba antes de la pandemia más de mil 600 millones de dólares en subsidios anuales. Esas transferencias monetarias que presuntamente llegaban a los barrios, sustituyeron a la cobertura de servicios públicos de calidad. Como la educación, la salud, el deporte, el arte, y otras capacidades esenciales para la vida, como la planificación familiar, la educación en salud sexual, y la formación profesional.

Tenemos unas cuatro décadas desde que el Estado abandonó el barrio. No es casual que la edad promedio de los jefes de las bandas, capos y capitos caídos en nuestras calles, esté en el rango de 32 a 37 años aproximadamente. Ellos son parte de la generación que sufrió la represión de la dictadura y la invasión militar estadounidense. Cuando eran bebés o niños muy pequeños, estos chicos vivieron un ciclo de mucha violencia e incertidumbre en la que las armas de fuego eran el medio de navegar y sobrevivir en el mundo.

Lo anterior no es mi idea, lo aprendí de la investigadora social Antonella Ponce que hizo un extraordinario libro llamado Las casas son para vivir, que no vuelva la guerra publicado en 1991, en el que ella indaga cómo las niñas y niños de El Chorrillo entendían el mundo después de la invasión: “las secuelas psicológicas de los niños, son de temor sin causa aparente; ira contenida, agresividad, retraimiento y daños psicosomáticos, que se manifiesta en una pérdida gradual de sus capacidades afectivas e intelectuales, lo que en el ámbito educacional, por definición se denomina daño pedagógico”, escribió Ponce, según citó Gerardo Maloney en La Estrella de Panamá del 21 de diciembre de 2014. Hoy, algunos de esos niños encabezan escuadrones de sicarios, se agarran a tiros en una vía pública, y mueven kilos sobre kilos de la maldita droga.

Pensar que esto se resuelve con un gobierno fuerte que aplique la mano dura a los malos es infantil. A la Chicago de Al Capone, a lo Eliot Ness y Los Intocables, que junto a una nueva cultura empresarial y política impulsaron y protegieron a servidores públicos honestos en todos los cargos. Necesitamos un gobierno duro con la corrupción, que aplique medidas fuertes contra la impunidad, y que a la vez inicie el saneamiento de nuestra política y de los cuerpos de seguridad. También necesitamos que en los barrios haya más postes con luz, se recoja la basura, se mantenga el servicio de agua potable, y que haya mucha más presencia de policías, pero también de maestros, tutores, enfermeras, deportistas, músicos y pequeños y medianos negocios. El crimen organizado, el sicariato y el narcotráfico son una cultura y un negocio, tenemos que derrotar a ambos.



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