Otro recurso de inconstitucionalidad contra fallo del Tribunal Electoral recibe la Corte


José Isabel Blandón, presidente del opositor Partido Panameñista, junto a abogados de su colectivo, demandaron ayer la resolución emitida por los magistrados del TE, Heriberto Araúz, y Alfredo Juncá, que invoca el principio de especialidad a favor del expresidente Ricardo Martinelli, como pretexto para no levantarle el fuero penal electoral.

Alegan que los magistrados infringieron varios artículos de la Constitución, como el 32 que establece que “nadie será juzgado sino por autoridad competente y conforme a los trámites legales (…)”.

Blandón y sus colegas argumentan que en 30 años de jurisprudencia, el TE ha reiterado que solo está facultado para determinar si los hechos denunciados (en la esfera penal u otra) buscan obstaculizar la participación de un actor en un proceso electoral.

El Tribunal Electoral invadió la ‘jurisdicción ordinaria’, advierte demanda del Partido Panameñista

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) suma otra demanda de inconstitucionalidad contra el fallo del Tribunal Electoral (TE) que le mantiene el fuero electoral penal al expresidente Ricardo Martinelli, y por ende impide su juzgamiento por los casos Odebrecht y New Business.

José Isabel Blandón, presidente del opositor Partido Panameñista, junto a abogados de su colectivo, demandaron ayer la resolución emitida por los magistrados del TE, Heriberto Araúz, y Alfredo Juncá, que pone el principio de especialidad a favor de Martinelli, como pretexto para no desaforar a Martinelli.

Alegan entre otras cosas, que los magistrados infringieron varios artículos de la Constitución. Por ejemplo, el artículo 32 que establece que “nadie será juzgado sino por autoridad competente y conforme a los trámites legales y no más de una vez por la misma causa penal, administrativa, policiva o disciplinaria”.

Blandón y sus colegas argumentan que en 30 años de jurisprudencia, el TE ha reiterado que sólo está facultado para determinar si los hechos denunciados (en la esfera penal u otra) buscan obstaculizar la participación de un actor en el proceso electoral. “Ha dicho el tribunal en las diversas sentencias que no pueden conocer el fondo de la competencia ya que esa materia es exclusivamente reservada para la autoridad jurisdiccional, encargada de la causa que se trate (..)”, se lee en la demanda.

El documento también ahonda en el análisis que hizo de este caso la jueza segunda electoral Edmara Jaén (resolución del pasado 23 de febrero), quien decidió retirarle el fuero a Martinelli. “No violenta el debido proceso, la motivación no fue incompleta, y atendió los principios legales que fundamentan el desafuero. Esa resolución estaba bien motivada”, manifiesta la demanda.

Los demandantes además hacen referencia al papel que cumplió la jueza tercera liquidadora de Causas Penales, Baloisa Marquínez, quien pidió al TE que le levantara el fuero a Martinelli para juzgarlo por los casos New Business, y Odebrecht. “Con su solicitud, la juzgadora aportó los elementos de convicción que justifican la petición (…)”, aseguran.

En la demanda además se señala una posible violación al artículo 142 de la Constitución, que faculta al TE a interpretar y aplicar la ley electoral. Alegan que resolver materia que corresponde al tribunal que conoce las causas penales que se le siguen a Martinelli, constituye “una invasión a la jurisdicción ordinaria”. Advierten también que esa acción “es extralimitarse en las facultades que la Constitución le otorga al Tribunal Electoral”.

También sustentan que el organismo electoral violó el artículo 202 de la Constitución “de manera directa”. El mismo habla sobre las atribuciones de la Corte Suprema de Justicia. En esta parte los demandantes sustentan que se debe valorar el hecho de que “atinadamente la jueza Jaén (Juzgado Segundo Administrativo Electoral) señaló que los argumentos de los abogados de Martinelli, en cuando al principio de especialidad, “no era competencia de la jurisdicción electoral”, y añaden que esta jueza adelantó “que debatir temas procesales de fondo eran propios de los tribunales ordinarios”, y que “a la jurisdicción administrativa electoral, le compete determinar si los hechos denunciados en los procesos descritos fueron utilizados para obstaculizar o no el ejercicio de los derechos políticos del aforado en el proceso eleccionario que en estos momentos se desarrolla en el partido Realizando Metas”.

“Esperamos que la Corte Suprema de Justicia, de manera pronta y ágil resuelva esta acción y declare inconstitucional ese fallo del TE”, agregó Blandón.

El pasado viernes 1 de abril se conoció que el procurador general de la Nación (encargado), Javier Caraballo, advirtió que el fallo del TE viola por lo menos cinco artículos de la Constitución: los números 4, 18, 142 y 143 (el numeral 3). La opinión de Caraballo está en un documento que envió a la magistrada María Eugenia López Arias, ponente en otra demanda de inconstitucionalidad contra ese mismo fallo, que fue interpuesta por el abogado Héctor Herrera.

Otras dos recursos similares se habían presentado contra la decisión del TE, pero fueron retirados, uno fue interpuesto por el perredista Mitchell Doens, y el otro la presentó la abogada Linda Guevara González.

Por otro lado, el pasado jueves 31 de marzo, Doens presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público contra los magistrados Araúz y Juncá. Les acusa de la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad y usurpación de funciones.

Opinión de los abogados de Martinelli

Mientras que en una conferencia de prensa, el equipo de abogados de Martinelli, se pronunció sobre los recursos contra el fallo. Alfredo Vallarino, cuestionó la “rapidez” de Caraballo al contestar la consulta de López Arias. Dijo que Caraballo atendió la consulta en menos de un día.

“Yo reto a la Corte Suprema que me presente, en 100 años, un recurso de inconstitucionalidad que haya sido admitido, repartido y distribuido, al procurador general de la Nación y contestado en menos de un día”, manifestó Vallarino.



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