Odebrecht avanza en arbitraje contra orden emitida por Tocumen


La empresa brasileña Odebrecht insiste que el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas (TACP) debe declararse impedido de continuar con el proceso de impugnación a la anulación del contrato de construcción de la terminal de pasajeros emitida por Tocumen el 28 de septiembre de 2021.

Odebrecht alega que Tocumen no tenía la potestad de anular el contrato y que debió someter el proceso a la esfera arbitral. La empresa, responsable desde 2012 de la construcción de la nueva terminal de pasajeros, informó esta semana al Tribunal que la secretaría del Centro de Conciliación y Arbitraje de Panamá había ratificado a los árbitros designados por ambas partes.

Como árbitro presidente, se designó a Christa Muller; y Dyalá Jiménez, como suplente; mientras que Antonio Hierro y José Rosell, serán árbitros principales. Además, Jean-Marie Vulliemin y John Rooney aceptaron el puesto de árbitros suplentes.

“Como hemos advertido, y en esta oportunidad, reiteramos respetuosamente, al TACP que debe inhibirse de conocer del presente proceso, y debe remitir a las partes a la jurisdicción arbitral”, sostiene el equipo legal de Odebrecht.

Tras confirmar que el contratista brasileño no terminaría los trabajos pendientes antes que venciera la adenda 8 del contrato, Tocumen anuló el contrato y emitió la orden para que Odebrecht no pueda participar por 3 años en licitaciones del Estado.

La constructora sostiene que no es responsable de ningún retraso y culpa a Tocumen de la demora en la ejecución de los trabajos por incumplir con el cronograma de pagos.

Odebrecht está pidiendo que Tocumen, S.A. sea obligada, como mínimo, a pagarle 19.4 millones de dólares, y adicional pide una prórroga de 90 días para terminar los trabajos pendientes que no fueron atendidos antes del 30 de septiembre de 2021.

Raffoul Arab, gerente de Tocumen S.A., indicó que la empresa mantiene una cantidad mínima de personal en el proyecto.

Arab manifestó que la terminal estará 100% operativa para inicios de junio próximo, pero reconoció que todavía quedarán pendientes trabajos que son responsabilidad de Odebrecht.

Este mes Tocumen tiene planificado habilitar las 10 puertas de abordaje que faltan por entrar en operación de un total de 20 que tiene el edificio de 116 mil metros cuadrados. El registro y salida de pasajeros por la nueva terminal está programado para finales de mayo.

El 10 de febrero, Tocumen informó que una inspección realizada por el Consorcio PM Terminal Sur, S.A., contratado para supervisar la construcción del edificio de la nueva terminal de pasajeros, arrojó que al 31 de enero Odebrecht solo había atendido 22 trabajos pendientes de 400 que no se corrigieron antes que venciera la octava adenda del contrato el pasado 30 de septiembre.

Ante la solicitud realizada por el contratista brasileño, Tocumen pidió al Tribunal que rechace dicha petición y acusa a la empresa de dilatar el proceso.

“Las gestiones procesales adelantadas por Odebrecht pretenden desconocer que todavía el Tribunal Arbitral no se ha pronunciado sobre la Excepción de Falta de Competencia promovida por el Ministerio Público a través de la Fiscalía de Asuntos Civiles, así como tampoco hay un pronunciamiento respecto de las objeciones de admisibilidad promovidas por Tocumen”, sostiene la administración de la terminal aérea.

Añadió que la secretaría del centro de arbitraje no tiene la potestad para definir la función del TACP y que su labor debe concentrarse en la existencia de la cláusula arbitral dentro del contrato y su respectivo alcance.

Los representantes legales de Tocumen sostienen que a través de la resolución administrativa del contrato se abordan puntos que están fuera de la esfera arbitral como las sanciones e inhabilitaciones a la empresa constructora conforme a la legislación administrativa.

En opinión de Tocumen, estos temas están reservados exclusivamente a la entidad pública contratante y a la Dirección General de Contrataciones Públicas y, por tanto, su legalidad puede ser objeto de análisis del TACP o bien de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Tocumen asegura que ha pagado $910 millones de los $917 millones que es el monto final del proyecto, quedando por transferir $7 millones. Este último monto corresponde, según voceros de Tocumen, a fondos retenidos, como lo establece el contrato y la Ley 22 de 2006.

Odebrecht solicitó la intervención del centro de arbitraje de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, luego que la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia no aceptó una advertencia de inconstitucionalidad contra la resolución de Tocumen que puso fin al contrato firmado en 2012.



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