Martinelli y el blanqueo de capitales, mucho que aclarar


Medios de información locales e internacionales han difundido con profusión la noticia de que en la audiencia efectuada el viernes 20 de mayo en un juzgado de la ciudad de Nueva York, fue señalado Ricardo Martinelli Berrocal, como una persona que participaba en el delito de blanqueo de capitales relacionado con el caso Odebrecht, siendo presidente de Panamá. El señalamiento, de viva voz, estuvo a cargo de los propios hijos del mencionado exgobernante y de los abogados defensores de estos en la audiencia, la cual contó con la presencia de dos funcionarios de la Procuraduría General de la Nación de Panamá.

Se trata de una información que conmueve los cimientos éticos, políticos y cívicos de los ciudadanos decentes de Panamá y que debe ser aclarada en primer lugar por el propio Martinelli e investigada por las autoridades de nuestro país, con la colaboración de autoridades de otros países en caso necesario.

Comenzando por el señor Martinelli, para conocer su versión de si es o no responsable de ese delito que se le atribuye, nada menos que por gente tan cercana a él como sus hijos. Su familia, sus amigos, sus socios de negocios, sus copartidarios, los clientes de sus empresas, los bancos que financian sus actividades, sus electores pasados y potenciales, los contribuyentes de los fondos que fueron escamoteados de manera ilícita al erario… Todos los hombres y mujeres que componen las fuerzas político-partidarias que apoyaron su elección como presidente, las que se mueven nuevamente con ese objetivo. Partidos políticos, organizaciones profesionales y empresariales, todos están en espera de su aclaración, de conocer su versión, a base de argumentos creíbles. Sus seguidores necesitan saber si pueden seguir confiando en él o se convertirán en sus cómplices. Él merece esa oportunidad de tratar de convencer a la comunidad de su inocencia, si fuera el caso. Debe aprovecharla. Y tiene todo el deber de hacer ese esfuerzo y no renunciar a este cometido- quien calla otorga- con su silencio o maniobras elusivas. Dadas las implicaciones políticas de esta situación, la duda no favorece al reo.

Ante esta situación, el Ministerio Público le debe a la nación una acción diligente, expedita y proba, más allá de tensiones políticas, tinterilladas, posibles presiones de quién sabe dónde, para desarrollar las investigaciones y encausamientos que los hechos reales determinen. La Corte Suprema de Justicia debe aplicar las normas judiciales y caminar -en caso justificado- por el camino recto de la aplicación de principios y acciones que revindiquen el principio de que todos somos iguales ante la ley y que el crimen no quedará impune.

Aquí el Tribunal Electoral no debe ser más un laberinto tortuoso en que la corrección y la honestidad se extravían irremediablemente. Con este caso, la Asamblea Nacional debe aprovecha la oportunidad de autofumigarse moralmente, de no ser más un organismo en que todo se vende y todo se compra.

El caso Martinelli es una gran oportunidad para el Gobierno Central, el poder judicial, la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Electoral y al propio Martinelli, ¿por qué no? Llegado el caso, es una oportunidad para rescatar a Panamá de ser un lugar donde el crimen paga, los lobos cuidan los rebaños, el delito es enaltecido y la virtud escarnecida. Un presidente de Panamá, ¿que ha sido un delincuente del blanqueo de capitales? ¿Qué nos espera?

A todos a quienes nos hemos dirigido compete buscar la respuesta. Y confiemos en que los ciudadanos honestos de Panamá, más temprano que tarde, les pasaremos la cuenta, con suavidad o dureza. De ustedes depende.

El autor es ciudadano



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