Los slapps, herramienta contra la verdad


Los Slapps – Strategic lawsuit against public participation- son una figura legal que en español sería algo así como “Demandas estratégicas en contra de la participación pública”, o dicho en una frase más coloquial: acoso judicial. El término se refiere a las acciones legales que toma una persona o una empresa en contra de alguien, a sabiendas que las demandas no tienen ningún sentido, solo con el propósito de callar o distraer al denunciado.

En Estados Unidos, las víctimas comunes de esta estrategia son periodistas, activistas, organizaciones sindicales y cualquier otra persona o grupo que esté constantemente denunciando y criticando el quehacer de personas con dinero o poder político.

El único fin de los slapps es hundir a la persona en procesos legales que le hacen imposible seguir realizando su labor crítica, además de intimidar a la víctima y sus allegados, al no contar normalmente con los medios para enfrentar los procesos.

Más de 30 estados de Estados Unidos ya han aprobado legislación que previene y combate los Slapps, al considerarlos no solo un atentado contra la libertad de expresión y los derechos políticos, sino también un enorme gasto innecesario de los recursos públicos al tener que procesar demandas sin sentido. Y la manera en la que lo están combatiendo es que le dan poder a los funcionarios que reciben las denuncias, de identificar este tipo de acciones y bloquearlas de un inicio, entendiendo que la justicia se trata de proteger al más débil.

En Panamá, al falta de un nombre, la figura existe. Políticos y funcionarios utilizan el sistema de justicia todos los días como un arma para acallar a sus críticos, a sabiendas de que sus casos no prosperarán.

Periodistas, activistas, exfuncionarios son constantemente víctimas de procesos absurdos, en el que tienen que incurrir en gastos de abogados y que los aleja de su trabajo, solo por los caprichos de personas que no entienden que su actuar es público, y mientras quieran tener una vida pública, serán blanco de críticas y exigencia de rendición de cuentas.

El caso más emblemático de esta figura es el de un expresidente que ha interpuesto más de 150 demandas a cualquiera que haya osado así sea a tirar un tuit en su contra, gastando miles y miles de dólares de nuestros impuestos en horas de trabajo de fiscales, jueces y secretarios y secretarias, solo para que poco a poco la justicia tenga que desestimarlas porque desde el inicio se sabia que no tenían pies ni cabeza.

Panamá necesita una ley en contra del acoso judicial que representa este mecanismo, no solo para evitar atropellos a la libertad de expresión y el ejercicio de los derechos políticos de las personas, sino para evitar el derroche innecesario y descarado de fondos públicos por el ego y el capricho de quienes no han entendido cómo funciona la cosa pública.

El autor es director ejecutivo de Movin



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