Ley de cabotaje regularía los buques abandonados


El tratamiento de las naves abandonadas y náufragas que ponen en riesgo la seguridad marítima es uno de los aspectos que toca el proyecto de ley 598 que regulará el cabotaje y las actividades de comercio interior en las aguas jurisdiccionales de la República de Panamá y se dictan otras disposiciones.

Este proyecto de ley, presentado por el Ejecutivo, está en primer debate en la comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea. La actividad de cabotaje en Panamá solo se ejerce en algunas zonas del país, ya que no existe infraestructura adecuada. A nivel de servicios, en la Bahía de Panamá y el sector del Atlántico se desarrolla la distribución de combustible a través de barcazas a los buques que transitan por el Canal.

La operación de barcazas es uno de los temas que los críticos han señalado como el objetivo oculto del proyecto de ley para que solo los nacionales lo puedan ejercer, haciendo lo contrario a lo que han hecho naciones exitosas en ese campo.

En el proyecto también se incluyen varios temas que tienen que ver con la contaminación.

Para el director de Marina Mercante de la Autoridad Marítima de Panamá, Rafael Cigarruista, el proyecto llega en un momento que no existe ley como tal sino decretos y resoluciones de hace muchos años, “dentro de un mercado que es muy cambiante”.

La falta de regulación expone al país porque no se sabe qué hacer cuando se abandona un barco en la bahía. Actualmente, es la Autoridad Marítima de Panamá la responsable, no solo de la embarcación si no de los daños que pueda ocasionar al ambiente, a las otras naves o a la seguridad de la vida humana.

“Hablar de la ley de cabotaje no es solamente hablar de un artículo, son más de 70 artículos que buscan actualizar, regular y más allá de eso, tener un soporte legislativo para que los armadores locales puedan hacer los financiamientos para renovar la flota”, explicó Cigarruista.

Recordó que la mayoría de los países han aprobado leyes de cabotaje para regular la actividad en sus aguas nacionales.

Como ejemplo menciona que un panameño no puede ir a otro país a ejercer cabotaje o desarrollar actividad comercial en esa jurisdicción, pero actualmente cualquier nacional de otro país sí puede venir a Panamá a ejercerla.

En el caso de Estados Unidos existe la llamada ley “Jones Act”, que mantiene el monopolio del transporte de cargas de cabotaje en buques de propiedad de estadounidenses, construidos en Estados Unidos y operados por estadounidenses, para transportar mercancías entre puertos de Estados Unidos.

Todos estos temas llevan a que se haga una legislación para que las reglas de juego sean claras para todo el mundo, dice.

Por su parte, el director ejecutivo de la Asociación de Armadores Panameños, José Digerónimo señaló que no es un secreto de que existen algunos abogados y diplomáticos panameños que hacen lobby y ejercen presión a favor de las grandes empresas extranjeras, cuyo objetivo es que se siga manteniendo el actual “status quo” que les permite desarrollar todas las actividades de cabotaje sin ningún tipo de regulación, ni control en detrimento de la industria panameña.



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