La Corte rechazó tres amparos contra normas sobre movilidad ciudadana


Esta semana, la Corte Suprema de Justicia no admitió tres amparos contra normas dictadas por el Ejecutivo, a raíz de la pandemia de la Covid-19.

Se trata de los recursos presentados por los abogados Eugenio Paz, Ernesto Cedeño, y Jaime Raúl y Raúl Eduardo Molina, contra decretos o resoluciones del Ejecutivo en los que se aplican restricciones a la movilidad de los ciudadanos.

El 21 de abril de 2020, Paz presentó un amparo de garantías contra la Resolución 360 de 30 de marzo de 2020, expedida por la entonces ministra de Salud Rosario Turner, que restringió la circulación de la población, según el género y el último número de la cédula de identidad.

Cedeño también presentó para esa misma fecha un amparo contra la resolución aludida del 30 de marzo.

En tanto, los Molina presentaron el 29 de mayo su acción de amparo de garantías contra el Decreto Ejecutivo 490 de 17 de marzo de 2020, firmado por el presidente de la República, Laurentino Cortizo, y Turner, que estableció un toque de queda de 9 p.m. a 5 a.m.

La mayoría de los magistrados consideró que los demandantes no aportaron copia simple de las normas cuestionadas, como exige el Código Judicial como requisito para la admisibilidad de un amparo. Ángela Russo y Olmedo Arrocha salvaron el voto, y Hernán De León emitió voto explicativo.

Ernesto Cedeño consideró como “increíble” e “inaudito” que los magistrados salgan con este tipo de argumentación, ya que en su amparo advirtió que no presentaba copia simple, porque la mayoría de las oficinas judiciales estaban cerradas por orden de la propia Corte.

Otro de los argumentos de la mayoría del pleno es que las normas demandadas ya no están vigentes. Aunque es cierto, sucede que no están vigentes porque fueron reemplazadas por otros decretos y resoluciones similares. La esencia de las normas se mantuvo, con excepción de la movilidad por género y número de cédula, que ya fue eliminada.

A juicio de Cedeño, la Corte se “sentó” a esperar que pasara el tiempo y se modificaran las normas, para no decidir sobre el fondo: la violación de garantías ciudadanas.

En la Corte, hay otras acciones presentadas contra decretos y resoluciones dictadas por el Ejecutivo. Solo se han admitido dos demandas: una que presentó Rony Batista contra la Resolución de Gabinete 11 del 13 de marzo de 2020, por medio de la cual se dictó el estado de emergencia, y otra de Víctor Baker, contra el Decreto Ejecutivo 490 ya citado.



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