La ausencia de normas como estrategia


Principios antes que personalidades. Fácil decirlo. Difícil entenderlo cuando de la opacidad histórica de la Asamblea Nacional se trata. Tenemos que apuntar al cambio de la estructura técnica de la entidad, no solo a los políticos que cada cinco años pululan por sus pasillos y su hemiciclo. Todo órgano legislativo -en una democracia (o sus imperfectas aproximaciones)- es un cuerpo político por excelencia, pero hay múltiples ejemplos de congresos, parlamentos y asambleas en el mundo, donde la institución cumple con sus tres roles intrínsecos como órgano de control de los otros poderes del Estado, órgano generador de leyes y órgano de representación de las necesidades del electorado, sin que los políticos que en ellas accionan se sirvan de la entidad para generar negociados, prebendas y privilegios para sí mismos o manejo discrecional de fondos con complicidad el ejecutivo y beneplácito de eunucos entes de control (¿se acuerdan de las partidas circuitales, el modelo cash back, las donaciones y los contratos y planillas secretas?).

¿Cómo lo evitan? Con reglas y leyes que le ponen un alto -desde adentro- a las actuaciones discrecionales de los legisladores o congresistas. Porque ya sabemos lo que demuestra la historia: todo poder sin límites y sin rendición de cuentas o certeza del castigo, se abusa.

Cuando se trata de la Asamblea Nacional, llegó la hora de primar las ideas, independientemente de los personajes, o corremos todos el peligro de tomar el Kool-Aid colectivo y creer que la fiebre está en la sábana. Prueba simple: llevamos tres administraciones, desde el 2009, con tres diferentes partidos políticos primando el control de la Asamblea y seguimos con el mismo problema -inclusive peor- de opacidad, posibles actos de corrupción, cero rendiciones de cuentas y pactos de impunidad con otros órganos del Estado.

Comparada con otros congresos de América Latina, la Asamblea Nacional de Panamá tiene la calificación más baja de la región en materia de normativas pro transparencia, tiene además la cuarta peor calificación de la región en materia de ejecución presupuestaria y gestión administrativa. Sale un pelín mejor calificada en labor legislativa, donde se ubica en el sexto lugar y por arriba de la media, y su mejor calificación es en participación ciudadana (por el canal de televisión y la oficina que recibe propuestas de leyes) donde se ubica también en el sexto lugar. Las calificaciones son objetivas e independientes y vienen del Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa – ITLT2020+, publicado el 25 de agosto pasado, por la Red Latinoamericana de Transparencia Legislativa y que califica y compara a 13 países de la región, usando los estándares internacionales de parlamentos abiertos como guía. En Panamá la investigación la llevó a cabo la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, Capítulo Panameño de Transparencia Internacional. Puede descargarse aquí: www.transparencialegislativa.org

Veamos algunas de esas falencias estructurales que permiten que cada nueva camada de diputados, después de las elecciones, no tarde 15 minutos en ser parte del rejuego opaco, salvo contadas excepciones, al igual que los partidos políticos que en oposición reclaman cambios a la gestión de la Asamblea y cuando llegan al poder, se sirven de los esquemas opacos. Por ejemplo, cuando se revisa el marco auto regulatorio de la función legislativa en Panamá, de 18 normas mínimas por transparencia, la Asamblea Nacional tiene pobres calificaciones de 20% a 40% en cinco temas: publicidad de los gastos de la entidad, publicidad de los temas a tratar en las Comisiones, obligación de registrar la actividad plenaria, regulaciones que promuevan la transparencia y la participación ciudadana real en las leyes que les afectan. Y en 10 temas hay ausencia de legislación por lo que la calificación es 0%: regulación de la ética parlamentaria, política de participación de grupos vulnerables y género, informes de gestión de los diputados, política formal de medios de comunicación, oficinas para vinculación real del ciudadano con el quehacer de los diputados, iguales oficinas en el interior para acceso nacional, declaraciones patrimoniales de todos los diputados, registro de intereses para prevenir conflictos, reglamentación del cabildeo o lobby y registro de regalos. La ausencia de regulación trae como resultado la actuación discrecional -por ende, opaca- de parte de los diputados en todos estos temas. ¿Casualidad o estrategia para no rendir cuentas?

Igualmente, en materia de gestión administrativa y ejecución presupuestaria -que debería tener una permanencia y funcionarios de nivel técnico- en 10 temas Panamá tiene pobre calificación de 21% a 35% sobre 100 en 4: publicación de contrataciones públicas, publicación de estados financieros por viajes de diputados, estructura administrativa, informes de ejecución presupuestaria. Tiene exigua calificación de 5% en dos temas: publicación de salarios y contratos de asesores, publicación de los salarios y prestaciones de los diputados. Y hay ausencia total de regulación, es decir 0% en cuatro temas más: publicación de llamados a concursos del personal, auditorías externas e internas, publicación de ejecución del gasto de las bancadas, publicación del presupuesto desglosado y la ejecución del mismo.

Las demás instituciones del Estado tienen que regirse por la Ley de Transparencia y la Ley de Contrataciones Públicas. ¿Por qué la Asamblea Nacional no? En las próximas semanas se estará discutiendo la modificación del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea (RORI). Muchas de las normativas por transparencia faltantes vienen de ese instrumento. Por supuesto requiere voluntad política, pero también presión ciudadana. Escríbale a su diputado o diputada pidiéndole: Yo quiero una #AsambleaTransparente. Panamá lo necesita y merece.

La autora es abogada y escritora



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