Hoy por hoy


Es un minucioso informe sobre libertad de expresión. Lo hizo la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que, en el caso de Panamá, expone las herramientas de las que ha echado mano el Gobierno para impedir la labor periodística, así como el acoso judicial a medios de comunicación. Una de estas herramientas es la Ley de Protección de Datos Personales, cuyo espíritu era otro, pero que ha servido a los propósitos de políticos que se niegan a dar explicaciones sobre su gestión. La Relatoría y la propia CIDH han recomendado a los poderes legislativos que “deben fortalecer los marcos locales de protección de datos personales, ya que la explotación de los mismos con fines publicitarios por parte de las plataformas y otros actores del ecosistema digital es a la vez uno de los elementos que, utilizado de manera inadecuada, impulsa, indirectamente, el fenómeno de la desinformación”, algo que ocurre con demasiada frecuencia, neutralizado la Ley de Transparencia y obstaculizando que la información llegue al ciudadano. El Gobierno debe poner más atención a este tema o, de lo contrario, terminará denunciado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por abuso.



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