Hoy por hoy


Todo hace pensar que el Gobierno —violando la Ley de Transparencia— ha adoptado una política de opacidad respecto a negociaciones de contratos y concesiones, negando información que es estrictamente pública a ciudadanos y medios de comunicación. Tal es el caso de una nueva negociación para la cesión del contrato de construcción del llamado corredor de las playas, a cargo de la empresa de origen español FCC, con la que este país ha tenido serios problemas de corrupción y pago de sobornos a servidores públicos. El ministro de Obras Públicas no entiende que los contratos de obras estatales no son confidenciales ni que su información se puede restringir. ¿Por qué el Gobierno tiene que negociar a puertas cerradas? ¿Qué esconde? Las lecciones de Odebrecht no han trascendido entre la clase política panameña que hoy nos gobierna; se comporta igual que ese montón de funcionarios que hoy enfrentan la justicia. Revelar el nombre de la empresa con la que el MOP podría negociar el mencionado contrato haría una gran diferencia con el injustificado empecinamiento en ocultar. ¿O es que lo que se negociaría no es solo un trato entre el Estado y la empresa? ¿O es que también en esto imperará el qué hay pa’mí?



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