Hoy por hoy


Incentivos fiscales hay de todo tipo. Como herramienta de política económica, son un estímulo para un sector económico considerado prioritario. Si bien el Estado cada año hace sacrificios fiscales multimillonarios debido a créditos y exoneraciones de toda clase, nunca se había prestado para garantizar la inversión en un sector. La ley de incentivos a proyectos turísticos de 2019 permite a un inversor recuperar la mayor parte de su inversión vendiendo créditos fiscales. Con ello, el riesgo y el costo se reparte entre el resto de los ciudadanos, sea pagando más impuestos a futuro o sea por medio de menos y peores servicios públicos. En consecuencia, la función empresarial pasa de buscar un proyecto viable que el mercado de viajeros esté dispuesto a pagar, a inventarse un proyecto que cumpla con los requisitos estipulados, sin que importe mucho su viabilidad. Si el proyecto le va mal, el empresario solo pierde una fracción de su inversión original (si es que pierde algo). En este sentido, la estrategia turística se resume en “constrúyelo y ellos vendrán” y parece que los campos de sueños de algunos se hacen realidad. No solo hemos concesionado activos, tierras y subsuelo por nimiedades, sino que ahora también regalamos ingresos fiscales para repagar proyectos privados.



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