Fiscalía reitera petición de llamar a juicio a 541 personas en caso de diablos rojos



Luego de casi dos meses de iniciada, concluyó este viernes 13 de mayo la audiencia preliminar a 541 acusados de la presunta comisión de los delitos de peculado y falsificación de documentos por el proceso de compensación irregular de autobuses entre 2010 y 2014.

La jueza primera liquidadora de causas penales, Agueda Rentería, se acogió al término de 30 días que le permite la ley para decidir si acoge la solicitud de las fiscales anticorrupción Anilú Batista y Kyra Tascón, que pidieron el llamamiento a juicio para todos los imputados: 61 exfuncionarios, 28 representantes de empresas concesionarias y 452 personas más, en su mayoría transportistas.

Durante la audiencia, se presentó un informe de auditoría de la Contraloría General de la República en el que se estableció la existencia de una lesión patrimonial de $24 millones del monto total de unos $98 millones destinados para el pago de las llamadas compensaciones.

La ATTT pagaba de $25 mil a $75 mil por cada autobús tipo diablo rojo que saliera de circulación, ya que en la gestión de Ricardo Martinelli (2009-2014) se llevó adelante el plan de transición de los emblemáticos vehículos al sistema de Metro Bus, que pretendía hacer más eficiente y seguro el sistema masivo de transporte público en Panamá y San Miguelito.

Se formularon cargos a funcionarios que trabajaban en la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) y la Contraloría.

En la audiencia se presentaron 44 recursos de nulidad, 278 de prescripción y siete solicitudes de cambio de medidas cautelares que deben ser resueltas por la jueza. Participaron 164 abogados particulares y 18 de la defensa pública.

En sus alegatos, la fiscalía aseguró que funcionarios de la ATTT se asociaron con miembros de las concesionarias y transportistas para compensar buses de manera fraudulenta. Incluso, según las fiscales, se trajeron vehículos de rutas del interior del país y buses chatarra que no calificaban para el pago.

Según las pesquisas, hubo personas a las que se les cancelaron los certificados de operación antes de la apertura del proceso de compensación y luego les fueron reactivados con el único propósito de cobrar.

Algunos de los abogados defensores alegaron que en este caso se produjo el fenómeno de prescripción de la acción penal, ya que en algunos casos ha transcurrido hasta 12 años de los hechos y el máximo de la pena aplicable sería 12 años de prisión. La audiencia se celebró en la Arena Roberto Durán, que tiene capacidad para 8 mil 417 personas.



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