¿Existe realmente respeto por la propiedad privada en Panamá?


La convención americana sobre derechos humanos, de la cual Panamá forma parte como Estado pactante, reconoce en su artículo 21 que el derecho a la propiedad privada es un derecho humano y que los Estados deben asegurar las condiciones jurídicas de respeto y protección en el alcance de este derecho sobre bienes muebles o inmuebles.

Sin embargo, en la práctica damos con la típica estratagema gubernamental de procurar una validación a través del Estado, para que este derecho humano tenga un carácter institucional solo si le conviene a la clase política. Porque otros antes que yo lo han dicho y debo repetirlo, porque lo que es conveniente para un pueblo que enfrenta una crisis tan profunda en este país, no es escuchado y es incluso silenciado. Los derechos posesorios son propiedad privada y nacen de actos objetivos, puesto que es un fenómeno económico antes que jurídico. La propiedad sobre la tierra se establece mediante actos de dominio como el cercado, la construcción o el sembrado y no mediante una inscripción en el registro de propiedad que debería ser un factor de publicidad en favor del propietario y no un elemento gubernamental de validación, que al final resulta ser un arma contra los intereses del panameño en favor de los intereses de la clase política y los burócratas.

Es que tenemos un problema: la Resolución 076/2020, “por la cual se modifica el artículo de la resolución ANATI-ADMG-243 de 26 de septiembre de 2017, que establece el manual de procedimiento único para la regularización de bienes inmuebles y la adjudicación y titulación de derechos posesorios”.

Básicamente, esta reforma le da el poder al administrador general de la Anati de determinar, por obra y gracia de su divino criterio, el valor catastral por el cual deben ser inscritas las tierras pasando de 6 dólares por hectárea a más de 3,000.

Debemos recalcar algo sumamente importante. Si bien hasta antes de este infame cambio no era correcto cobrar al poseedor de tierras por la inscripción de su derecho como propietario, 6 dólares por hectárea parecía ser un costo de trámites asequible para el panameño. Ahora, en su perversa visión estatista por no llamarla chavista, este gobierno de forma tácita se adjudica a sí mismo, mediante el Estado, la propiedad de los terrenos al determinar con criterios de vendedor, dueño absoluto del bien inmueble, el precio que tiene que pagar el panameño por algo que ya es de su propiedad, pues esta no nace por una ley, sino por el acto de dominio que hace el poseedor. El gobierno de Panamá, mediante este cambio, no solo atenta contra el artículo 47 de nuestra Constitución, sino también contra disposiciones de carácter supra constitucional como lo es el derecho humano a la propiedad privada, que reconoce ampliamente al poseedor como dueño legítimo y no al Estado.

Este cambio afecta directamente a los panameños más pobres, puesto que verán cada vez más inalcanzable su derecho a ser reconocidos públicamente como dueños sobre sus tierras, además de darle excesivo poder al gobierno para determinar quién puede o no, tener las tierras según le convenga a la clase política de turno, puesto que aquel que controle con semejante arbitrariedad quien puede o no poseer, obtiene un poder político no visto desde la dictadura militar.

Panamá verá más y más difícil su recuperación económica si los campesinos y todo aquel que con esfuerzo posea, en todo lo que conlleva, un globo de terreno, vea imposibilitada su capacidad para disponer jurídicamente de su propiedad, ya que no se siembra sin capital y nadie le presta al que no tenga a su nombre una garantía.

En palabras del maestro Ovidio Díaz Espino: “el Gobierno ‘inscribe’ títulos de propiedad de los que tienen derechos posesorios, por ende, no puede cobrar el precio de mercado por el registro de algo que no le pertenece”.

El autor es abogado



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