estas son las propuestas económicas de los partidos de cara al 28-A


Falta menos de un mes para las elecciones generales del 28 de abril y los partidos políticos centran sus campañas en la unidad de España y la economía. Repasamos las principales propuestas económicas de los principales partidos políticos.

PSOE

Tras casi un año en el Gobierno, el líder socialista Pedro Sánchez quiere mantener su reforma fiscal y la política de economía social ya iniciada desde el Ejecutivo. En el documento del PSOE 110 compromisos con la España que quieres proponen unos Presupuestos Generales del Estado con dos grandes prioridades: “cohesión social —gasto en educación, políticas de empleo, sanidad, dependencia, infancia y viviendas en alquiler para jóvenes— y fomento de la inversión productiva —I+D+i, transición ecológica e infraestructuras—”. Además, el PSOE promete impulsar un Pacto de Estado “para reformar el sistema de financiación autonómica y el sistema de financiación de las entidades locales, modificando la ‘regla de gasto’, con el fin de adecuar la distribución actual de los recursos públicos entre los distintos niveles de la Administración y garantizar la igualdad en el acceso a los servicios públicos en todo el territorio”.

Los socialistas aseguran que aprobarán un nuevo “Estatuto de los Trabajadores para el Siglo XXI”, que aumentarán progresivamente el salario mínimo interprofesional. Respecto a las pymes, desarrollará un marco que “consolide su posición en el tejido empresarial español en un entorno cambiante, digitalizado, innovador y sostenible” y se compromete a impulsar el emprendimiento a través de una red estatal de incubadoras y aceleradoras de startups.

Respecto al mundo rural, el equipo de Sánchez habla de seguros agrarios y defiende que agricultores y ganaderos “puedan afrontar los nuevos retos relacionados con la preservación de la biodiversidad y el cambio climático, sin menoscabo de la rentabilidad de sus explotaciones”.

El PSOE, igual que Podemos, habla de “redistribución de la riqueza”. Se compromete para ello a desarrollar una “política económica marcadamente europeísta, que favorezca un crecimiento económico robusto y la creación de empleo de calidad, que reduzca las desigualdades y fortalezca la cohesión social, y que impulse la sostenibilidad medioambiental y la necesaria transición ecológica“. “Todo ello —continúa el documento— debe ser compatible con la consolidación fiscal, la reducción del déficit y la deuda pública, y la sostenibilidad de las cuentas en el medio plazo”, pero sin entrar en más detalles. En este sentido, Sánchez se compromete a “reforzar la progresividad del sistema fiscal, incrementando la aportación de las grandes empresas, y de los contribuyentes de ingresos más altos y con mayores patrimonios“.

Como forma de aumentar los ingresos, el PSOE, al igual que Ciudadanos, anuncia una ley contra el fraude fiscal para prevenir la evasión y los paraísos fiscales, así como una ley integral para combatir la corrupción.

El PSOE, además, contempla un ingreso mínimo vital para erradicar la pobreza infantil y revisar el copago farmacéutico, comenzando por los pensionistas y las personas con menores ingresos.

PP

El Partido Popular se presenta como “el valor seguro” en materia económica. Apuesta, como Ciudadanos y Vox, por bajar impuestos. Pablo Casado ha anunciado una “revolución fiscal” que contempla la reducción del impuesto de sociedades por debajo del 20% y del IRPF por debajo del 40%, así como la supresión del impuesto de patrimonio, de sucesiones, de donaciones y el de Actos Jurídicos Documentados —el comúnmente conocido como impuesto de las hipotecas—.

Casado habla también de una “autopista administrativa” que permita a los emprendedores crear una empresa en cinco días hábiles, de ampliar la tarifa plana de los autónomos hasta 12 meses y de proteger el pequeño comercio. Este colectivo se podrá desgravar hasta 8.000 euros al año por vivienda habitual o plan de pensiones. Respecto al empleo, se compromete a crear 500.000 puestos de trabajo al año.

Para “blindar fiscalmente el ahorro”, promete que “no se meterá la mano en los bolsillos de los españoles cuando rescaten sus planes de ahorro, pensiones o vivienda” porque considera que “no es justo pagar dos veces por lo mismo, esforzarse y ahorrar para que luego la mitad de ese ahorro vuelva a tener que emplearse para pagar impuestos”.

El PP quiere revalorizar las pensiones actuales y futuras —quiere aumentar de “entre un 2% y un 15% las de las madres trabajadoras con hijos”—, liderar la revolución digital y, al mismo tiempo, convertir a España en un país sostenible y respetuoso con el medioambiente —aunque admite la necesidad de acometer una transición energética, pide que se respeten los plazos y ofrezcan oportunidades a las comarcas mineras para evitar una “descarbonización exprés”.

Ciudadanos

Ciudadanos centra su programa económico en impulsar la educación, el mundo rural y las políticas familiares con un paquete de medidas que conllevan un gasto adicional de unos 5.000 millones de euros y entre las que destaca la bajada del 60 % del IRPF en municipios con menos de 5.000 habitantes.

El responsable de Economía y Empleo de Ciudadanos (Cs), Luis Garicano, explica que la prioridad es seguir con reformas estructurales en empleo, educación o en natalidad para hacer que el crecimiento potencial de la economía española (actualmente por debajo del 1,5 %) aumente entre 0,6 y 0,7 puntos porcentuales. “Cuando esto ocurra, nosotros bajaremos los impuestos, en particular el IRPF”.

Lo que sí promete Garicano es que si gobierna Ciudadanos se aprobará como primera medida económica una ley que asegure la competencia en sectores concesionales como el de las eléctricas, las infraestructuras o el de las centrales hidráulicas. “Somos pro mercado y pro competencia. Si queremos que la energía sea asequible para los consumidores es crucial que la competencia exista”, reitera.

El equipo económico de Ciudadanos ha diseñado un plan enfocado en una mejor distribución geográfica de la actividad impulsando la España rural. “Y el instrumento que más puede ayudar es el IRPF”, señala tras explicar que se bajará este impuesto en los municipios que hayan tenido pérdidas de población en los últimos 10 años, que tengan menos de 5.000 habitantes, una densidad inferior a 8 habitantes por kilómetro cuadrado y una renta inferior al 75 % de la renta nacional. Esta medida dejaría de ingresar unos 540 millones de euros anuales, pero en contrapartida Garicano señala que los pueblos crecerán y serán más eficientes.

Además propone extender la fibra óptica a todos los puntos de España y ayudar a los autónomos de zonas despobladas. En este sentido, Ciudadanos ha prometido una tarifa plana de 30 euros para las mujeres emprendedoras y para menores de 30 años y que los autónomos que sean padres o madres no paguen sus cotizaciones durante tres años.

Otra medida es la de “cero impuestos” para los traspasos de explotaciones agrarias con el fin de facilitar los relevos generacionales.

Junto a este plan rural, la formación naranja incluye otras medidas como la educación gratuita de 0 a 3 años, dentista gratis para los menores de 16 años o incentivos a la natalidad para que se considere familia numerosa a las monoparentales o con dos hijos.

En la otra cara de la moneda y para cuadrar las cuentas, Garicano señala que también prevén una recaudación adicional de otros 5.000 millones de euros provenientes de medidas de lucha contra el fraude fiscal, de un impuesto de sociedades que incentive la producción y de la eliminación de gastos superfluos como las diputaciones. La formación naranja sigue abogando por eliminar estas entidades locales y recuerda que hay un sobrecoste en la contratación pública de unos 30.000 millones de euros. También ve necesario revisar las “excesivas subvenciones” a las televisiones públicas.

Por otra parte, el programa electoral de Ciudadanos vuelve a incluir un complemento salarial para rentas de entre 15.000 o 16.000 euros anuales hasta 26.000 o 27.000 a través de un impuesto negativo sobre el IRPF (de devolución) que ayude a las personas “que caen en la precariedad y no llegan a fin de mes”.

El cheque formación, otra de sus propuestas estrella, se traduciría en 500 euros anuales a cada parado y trabajador para utilizarlo o guardarlo en una “mochila de formación” para el futuro.

Garicano, que sigue apostando por el contrato único indefinido, avisa de que subir el salario mínimo (SMI) no es la medida “ideal” con una tasa de paro del 14,4 % ya que cree que subir el coste de la mano de obra haría que las empresas usarán más las máquinas en vez de contratar. No obstante, asevera que Ciudadanos no bajaría el SMI y sólo lo actualizaría “según el coste de la vida”.

Podemos

El secretario de Economía de Podemos, Nacho Álvarez, explica que su formación incluirá en el programa electoral una renta básica garantizada para los hogares sin recursos que iría de los 600 a los 1.200 euros —en función de los miembros de la unidad familiar— y tendría un coste de entre 10.000 y 12.000 millones de euros. Esta ayuda sería compatible con los ingresos por el trabajo, ya que los perceptores no la perderían inmediatamente si encuentran un trabajo, sino progresivamente, para “evitar la trampa de la pobreza”.

Nacho Álvarez defiende la diferencia entre la renta básica que propone Podemos en relación con la propuesta que hace Ciudadanos. En este sentido, explica que la formación naranja propone un complemento salarial pero sin subir el SMI, lo que la convierte en una “subvención al empleo precario y al empleo de bajos salarios”. Sin embargo, explica que la que propone su partido tiene que ir acompañada de una subida del Salario Mínimo y afectará no solo a la población ocupada y con pocos recursos, sino también a la población que carece de recursos. 

Para poder hacer frente a estos pagos, la formación morada propone establecer un impuesto a las grandes fortunas de entre el 2 y el 3 por ciento, en función de que el patrimonio sea superior al millón neto o a los 100 millones. El gravamen se aplicaría a los declarantes que tengan más de un millón de patrimonio neto, después de descontar los créditos y con una exención de 400.000 euros, incluyendo la vivienda habitual. El número de declarantes que cumplen esas condiciones se eleva a 94.000.

La propuesta que realiza Podemos toma como referencia, según explica Álvarez, la discusión que se está produciendo en Estados Unidos sobre este asunto, donde varios senadores demócratas están proponiendo un impuesto parecido. También se fija en las propuestas del economista francés Thomas Pikkety, especialista en desigualdad económica y distribución de la renta y director de estudios en la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales de París. Este último ha planteado, según apunta el dirigente de Podemos, la necesidad de avanzar en un impuesto de estas características en Europa, de un 2,5 por ciento del patrimonio. “Nosotros queremos en este punto ser innovadores” y “liderar una nueva fiscalidad del siglo XXI”, alega Nacho Álvarez, quien justifica su propuesta en la necesidad de “revertir esta enorme desigualdad de renta que es todavía muy superior en el terreno del patrimonio”.

Vox

El programa económico de la formación dirigida por Santiago Abascal propone rebajar considerablemente los impuestos, medida ligada a una reducción del peso del Estado y las autonomías. En una reciente entrevista para Expansión al responsable de Relaciones Internacionales de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, aseguró que rebajarían el impuesto de sociedades al 20%, el de sucesiones y patrimonio se suprimiría, el IRPF se fijaría al 21% para todos los contribuyentes (excepto los que ingresesn entre 15.000 y 20.000 euros anuales).

Espinosa de los Monteros reconoce que Donald Trump es un “referente” del programa económico de Vox, que se centra también en “reducir el paro, repatriar dinero de las filiares de las grandes empresas, reindustrializar el país y permitir que suba la bolsa”.

El partido de extrema derecha presentará su programa económico en los próximos días, y previsiblemente Rubén Manso, un ultraliberal inspector del Banco de España en excendencia, será el encargado de perfilarlo.

Sobre la economía digital, Espinosa de los Monteros ha dicho en un encuentro con empresarios que “no se debería frenar”, si bien defiende que se rija por una regulación “parecida” a la de sus competidores. El dirigente de Vox también defiende que las nuevas licencias VTC “deberían tener los mismos permisos que los taxistas“, a quienes cree que hay que “compensar” por haber pagado en una cuota de entrada a un mercado regulado que ahora ha cambiado las reglas del juego.

En su opinión, en Estado sufre un “derroche” de dinero público y defiende una “drástica reducción del gasto público”, excepto en las partidas de defensa y política exterior: “España no cumple sus compromisos internacionales y el mundo militar es un tabú”. En cambio, proponen cerrar las televisiónes autonómicas y RTVE y suprimiéndoles las subvenciones públicas para “demostrar si son viables”.



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