El valor de la transparencia en la democracia


El 2 de diciembre de 1766, el rey Adolfo Federico de Suecia firmó la ordenanza sobre libertad de prensa e imprenta. Esta norma abolía la censura previa a la prensa y establecía la primera ley de transparencia en el mundo.

Luis Pomed Sánchez, profesor de derecho administrativo de la Universidad de Zaragoza, publicó en su artículo Transparencia (Cuadernos monográficos de teoría del estado, derecho público e historia constitucional) parte de la versión en español del texto de la ordenanza, que contiene en el preámbulo la siguiente expresión: “esta libertad merece ser considerada como uno de los mejores medios para la elevación de la moralidad y la promoción de la obediencia a las leyes, cuando los abusos e ilegalidades son puestos por la prensa en conocimiento del público”.

Más adelante, en el artículo 6 de dicha ordenanza, se establece el mandato de transparencia de toda la información pública de la siguiente manera: “esta libertad incluirá todos los intercambios de correspondencia, relaciones fácticas, documentos, protocolos, resoluciones judiciales y reconocimientos, ya se hayan redactado en el pasado o sean iniciados, mantenidos, presentados, dirigidos y concluidos en lo porvenir, antes, durante y después de los procedimientos ante los tribunales inferiores, de apelación y superiores y los departamentos gubernamentales, nuestros altos servidores y los consistorios y otros organismos públicos, y sin distinción entre la naturaleza de los casos, ya sean estos civiles, eclesiásticos o que de algún otro modo concierne a controversias religiosas”.

La obligación de transparentar

Unos 236 años después de la ordenanza sueca, Panamá aprobó su única legislación de transparencia y acceso a la información pública, la Ley 6 de 22 de enero de 2002. La iniciativa de esta ley nació en el seno de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional. El abogado Fernando Berguido auspició el esfuerzo, que luego fue acogido por el entonces diputado panameñista José Blandón. Lo que propuso la Fundación fue una norma amplia que insertaba a Panamá en la era de la transparencia; lo que fue aprobado por la Asamblea resultó ser una norma más focalizada. Para demostrar el tono de los tiempos, en la misma sesión de la Asamblea en la que se aprobó la Ley de Transparencia, también se avaló el proyecto Cemis, de ingrata recordación.

A lo largo de dos décadas, el esquema de la Ley 6 de 2002 ha sido muy funcional para que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos. Ante todo, los documentos públicos están disponibles para cualquier interesado, salvo dos excepciones: aquellos que por su naturaleza no deben ser conocidos, como los expedientes de menores de edad, archivos financieros y datos personalísimos de los servidores públicos, y aquellos que por una razón de Estado no se pueden conocer por un periodo de 10 años para lo cual deben ser declarados expresamente de acceso restringido por la autoridad competente.

En defensa del acceso público

En 2002, el liderazgo de aplicar y generalizar el cumplimiento de la Ley de Transparencia fue del entonces defensor del Pueblo, Juan Antonio Tejada, quien requirió y, en algunos casos, demandó a las instituciones de gobierno para que publicaran sus planillas. El trabajo de Tejada fue tan importante que salvó a la Ley 6 de varios intentos de neutralizarla, hasta que en el 2004, con la reforma constitucional de ese año, se introdujeron los artículos 43 y 44 que constitucionalizaron los principios de transparencia y acceso a la información pública.

La cultura institucional del servicio público panameño empezó un profundo cambio cuando ante una solicitud de información, los servidores del Estado saben que tienen el tiempo contado para entregar lo pedido. Ante la negativa, la acción de habeas data ha sido consistentemente fallada a favor de los solicitantes por parte de los tribunales panameños, ordenando la entrega de la información que fue negada. Como la acción de habeas data no necesita de abogado es uno de los recursos más fáciles y más eficiente para defender los derechos ciudadanos.

Este cambio de mentalidad y el reclamo ciudadano han servido para que más servidores públicos tengan que rendir cuentas y divulgar la información que conocen. Ante otros mecanismos de protección de los bienes públicos, como la Contraloría General, que no dan los resultados necesarios, las solicitudes de información y los habeas data hacen la diferencia.

La transparencia no es un fin si no un medio para que el gobierno se comunique con los ciudadanos. El hecho de que la sociedad civil, periodistas, empresarios, sindicalistas, activistas y otros interesados tengan que recurrir a la solicitud de información y al habeas data, demuestra que todavía persiste la tendencia a la opacidad en algunas partes del servicio público.

Hacia la cultura de la legalidad

En la pandemia, gran parte de la paz social y el sosiego ciudadano es producto de la comunicación clara de las tendencias a los contagios y la evidencia científica detrás de las medidas sanitarias. Esto no ha sido fácil, ya que el gobierno de Laurentino Cortizo decidió eliminar las conferencias de prensa diarias, reduciendo el ejercicio comunicativo a la mera presentación de estadísticas, decisiones administrativas y avisos. Los medios de comunicación supieron convertir estos elementos, gracias a fuentes bien informadas, en un ejercicio de transparencia indirecta.

El otro espacio en el que más se ha destacado la divulgación de información puntual sobre las acciones del Estado es en el Ministerio Público. En medio de una crisis de seguridad ciudadana, el Ministerio Público ha sabido exponer sus gestiones, arrestos y operativos realizados. Este historial se ha visto manchado por la poca transparencia de esta institución en el caso de las vacunas clandestinas, la dilatación de la información de los casos de la Senniaf y la divulgación a cuentagotas de algunas investigaciones lideradas por la Procuraduría General de la Nación, de las cuales es sumamente importante que los ciudadanos conozcan sus avances.

La transparencia es fundamental para la construcción de la confianza de los ciudadanos en el gobierno. La confianza evoluciona para convertirse en legitimidad y esta, a su vez, deviene en una mayor gobernabilidad. La práctica proactiva de la transparencia es una de las políticas públicas más sencillas de ejecutar y más baratas de realizar. No se necesita ser el Rey de Suecia para saber que cuando los ciudadanos conocen lo que hace su gobierno, a toda la sociedad le va mejor.

Solo Gerardo Solís puede divulgar detalles de auditorías, dice Contraloría

Los informes de auditoría y los documentos que la componen constituyen información de carácter confidencial, según el artículo 125 del Reglamento Interno de la Contraloría General de la República y que fue aprobado mediante Decreto No.194 de 16 de septiembre de 1997.

Así lo dio a conocer la Contraloría, en un comunicado en el que indica que el artículo 125 del Reglamento Interno confiere “exclusivamente” al contralor la facultad discrecional de divulgar los resultados que se estimen pertinentes.

El contralor Gerardo Solís rindió un informe, el 4 de febrero pasado, sobre los aspectos relacionados a la auditoría de cumplimiento realizada a Panama Ports Company (PPC). En aquella ocasión, Solís informó que de la auditoría efectuada al contrato firmado en 1997 entre el Estado y PPC, se concluye que ésta ha cumplido con el acuerdo.

Varios sectores de la sociedad civil han reiterado su interés de conocer los documentos de la auditoría de la Contraloría, con miras a entender cuáles fueron las consideraciones técnicas para certificar el cumplimiento de la empresa con las obligaciones previamente pactadas.

En ese sentido, la Contraloría señaló que “las auditorías comprenden documentos de índole personal, financiero, correspondencia y otros documentos privados de personas naturales o jurídicas que están protegidos por el artículo 29 de la Constitución Política de Panamá, en concordancia con la Ley 6 de 2002, con el Artículo 89 del Código de Comercio y el Artículo 722 del Código Fiscal”.

En vista de lo señalado anteriormente, la Contraloría insiste que se exige a la autoridad que tiene posesión de la documentación a mantener estricta reserva; solo se puede dar acceso a las autoridades correspondientes y a las partes interesadas debidamente acreditadas y sus apoderados, como lo dispone el artículo 70 de la Ley 38 de 2000, precisa el comunicado.

La Contraloría concluye, entonces, que “solo podrán obtener copias de documentos o certificaciones que versen sobre informes de auditoría las personas que sean parte o estén relacionadas con la misma y autoridades competentes”.



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