El Tribunal Electoral violó la ‘Constitución’, afirma el procurador


El procurador de la Nación (encargado), Javier Caraballo, concluyó que los magistrados Heriberto Araúz y Alfredo Juncá, del Tribunal Electoral (TE), violaron la Constitución al emitir el fallo del pasado 22 de marzo que mantuvo el fuero penal electoral al expresidente Ricardo Martinelli, alegando un presunto principio de especialidad.

En una opinión vertida dentro de una demanda de inconstitucionalidad contra la actuación de ambos magistrados, Caraballo alegó que Juncá y Araúz actuaron fuera de su competencia y violaron cinco artículos de la Carta Magna.

Por su parte, el abogado Mitchell Doens presentó una denuncia penal contra Juncá y Araúz, por la presunta comisión de los delitos de extralimitación de funciones públicas y usurpación de funciones. Doens dijo que solicitó la separación del cargo de ambos, por la gravedad de sus actuaciones.

Magistrados del Tribunal Electoral se extralimitaron en sus funciones: Caraballo

La decisión del Tribunal Electoral (TE) de mantener el fuero penal electoral al expresidente Ricardo Martinelli sobre la base de un presunto principio de especialidad, puso a esa institución en entredicho.

Por un lado, el procurador (encargado) de la Nación, Javier Caraballo, concluyó que los magistrados Heriberto Araúz y Alfredo Juncá, del TE, juzgaron un asunto que no era de su competencia. Por el otro, el abogado Mitchell Doens presentó una denuncia penal contra Juncá y Araúz; los acusa de abuso de autoridad y usurpación de funciones.

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Caraballo formuló esta opinión, como parte de una demanda de inconstitucionalidad que el abogado Héctor Herrera presentó el pasado miércoles ante la Corte Suprema de Justicia, en la que alegó que la decisión de los magistrados viola los artículos 4, 18, 32, 142 y el numeral 3 del artículo 143 de la Constitución.

Según Caraballo, el fallo expedido por los magistrados del TE el 22 de marzo privó al Ministerio Público (MP) del derecho de juez natural, lo que ocasiona una clara indefensión de los intereses sociales, al despojar o limitar los medios de impugnación que hubieran permitido una adecuada actuación de la representación social ante el Órgano Judicial.

Además, detalló que el fallo violó el derecho al contradictorio y la garantía procesal de la igualdad ante la justicia, al sustraer al MP de su capacidad de ser escuchado, con lo cual trasciende aún más la violación del debido proceso penal, por afectar gravemente los derechos de la sociedad.

A juicio de Caraballo, en su fallo los magistrados del TE debían examinar lo concerniente al fuero electoral; sin embargo, Araúz y Juncá no solo apartaron de su conocimiento la cuestión que debían resolver, sino que además se adentraron en materias que constitucionalmente rebasan sus atribuciones, violando el principio constitucional que indica que “nadie será juzgado sino por autoridad competente”.

Al mismo tiempo, el procurador encargado destacó que los dos magistrados del TE también violaron los artículos 4 y 8 de la Constitución, en los que se reconoce los deberes y derechos del Estado panameño en la lucha contra la corrupción, establecidos en la Ley 15 de 2005, que aprobó la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, así como la Convención Americana de Derechos Humanos, de la que Panamá es parte.

A juicio del jefe del MP, los magistrados del TE se extralimitaron en sus funciones, por lo que les aplica el artículo 18 de la Constitución, en el que se establece que “los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infracción de la Constitución o de la ley. Los servidores públicos lo son por esas mismas causas y también por extralimitación de funciones o por omisión en el ejercicio de éstas”.



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