El Salvador financiará un fideicomiso por $600 millones


El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció que el Gobierno financiará un fideicomiso para impulsar medidas económicas por 600 millones de dólares para disminuir el impacto de la pandemia de la COVID-19 con fondos adquiridos mediante certificados del tesoro (Cetes), que no necesitan aprobación del Congreso.

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Estos fondos fueron adquiridos en el mercado financiero local y al no ser préstamos internacionales no requerían del respaldo legislativo.

Según reportes de la prensa local, el Gobierno salvadoreño colocó el 20 de septiembre 645.8 millones de dólares en Cetes con una tasa de interés de 7.5% para financiar el fideicomiso.

La Asamblea Legislativa aprobó en mayo pasado la colocación de bonos por 1.000 millones de dólares, de los que 600 serían para un fideicomiso, cuyos programas son los mismos que el Gobierno ha retomado.

El mandatario señaló que el órgano Legislativo no ha ratificado la distribución de unos 700 millones de préstamos internacionales, por lo que se optó por los Cetes.

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De los 600 millones de dólares, 140 millones serán para subsidiar la mitad de los salarios por dos meses de las micro, pequeñas y grandes empresas con menos de 99 empleados y que no facturen más de 7 millones de dólares.

Otros 360 millones de dólares serán destinados para “créditos súper blandos” a estas empresas a 10 años plazo y con un interés del 3%, mientras que los restantes 100 millones se utilizarán en préstamos para trabajadores informales.’

$140

millones serán para subsidiar la mitad de los salarios por dos meses de las Mipymes con menos de 99 empleados.

$360

millones será destinados para créditos súper blandos a empresas con 10 años.

De acuerdo con la agencia calificadora de riesgo Fitch Ratings, la deuda total a corto plazo salvadoreña se encuentra en una cifra “récord” de casi 2.200 millones de dólares y el posible aumento en los costos de intereses “aumentarían los riesgos para la sostenibilidad de la deuda”.

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Esta misma calificadora advirtió a inicios de octubre que la implementación completa de la propuesta de presupuesto del Gobierno de Bukele para 2021 aumentaría la presión sobre la calificación soberana.



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