El conflicto entre la protección de datos personales y la libertad de expresión


El pasado 5 de mayo, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) sancionó con una multa de mil dólares al medio digital La Verdad Panamá (www.laverdadpanama.com). El fundamento de la multa es una supuesta infracción contra la Ley 81 de 2019 de protección de datos personales.

Según la Antai el medio digital divulgó sin autorización los datos personales de un afectado al publicar el certificado de matrimonio de la señora Pinky Kripalani. El medio obtuvo la copia del certificado de matrimonio por parte de quien fue uno de los cónyuges. El afectado se quejó contra el medio digital en la Antai, porque en dicho certificado de matrimonio aparecían su nombre y datos de identificación.

De acuerdo con la Ley 81 de 2019, en Panamá se aplica un estricto régimen de protección de datos personales, cuyo tratamiento requiere la autorización de la persona dueña de los datos. Esta Ley le encargó a la Antai la responsabilidad de velar por el cumplimiento de la norma y aplicar sanciones en los casos en que así lo amerite.

El artículo 8 de la Ley 81 de 2019 establece los casos en los que no se requiere autorización para divulgar datos personales. En el numeral 1 se menciona específicamente: “Los que provengan o se recolecten de fuentes de dominio público o accesible en medios públicos”. Más adelante, en el numeral 9, se refiere al tratamiento de datos “…para la satisfacción de intereses legítimos”.

Un certificado de matrimonio existe para generar derechos y obligaciones y para crear efectos contra terceros. Incluso, si la pareja se ha separado, el certificado de matrimonio consta como un documento público que certifica una relación jurídica. La publicación del certificado de matrimonio no puede constituir una violación a la privacidad de las partes, si precisamente una de estas es la que proporciona el documento. Con esta lógica tampoco se podrían publicar los certificados del Registro Público, o extractos de resoluciones o sentencias judiciales.

Más allá del caso específico, la multa aplicada por la Antai a un medio digital degenera el significado y el alcance de la verdadera protección de datos. La sociedad panameña pierde cuando múltiples despachos públicos esconden la identidad de los beneficiarios y el monto de las becas pagadas por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), de los cupos de taxis y transportes colectivos, así como de libretas de lotería y otros beneficios con fondos públicos.

La acción de la Antai malinterpreta la propia Ley 81 de 2019, y viola la Convención Americana de los Derechos Humanos (CADH). En una copiosa jurisprudencia, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha dicho que el uso de “medios indirectos” para restringir la libertad de expresión y de opinión, viola los artículos 13.1 y 13.3 de la CADH. Entre estos casos están: el caso Ríos y otros vs. Venezuela (2009); caso Ivcher Bronstein vs. Perú (2001); caso Ricardo Canese vs. Paraguay (2004); caso Palamara Iribarne vs. Chile, (2005); y el caso Granier y otros vs. Venezuela del año 2015. En todas estas decisiones la Corte Interamericana anuló acciones administrativas, decisiones judiciales y regulaciones que incidían sobre la libertad de expresión.

Debe quedar claro que un medio de comunicación puede ser sancionado administrativamente cuando así esté fundamentado por razones de derecho laboral, salud pública o seguridad social, entre otras motivaciones enfocadas en la organización empresarial del medio. Cuando la sanción va dirigida hacia el contenido editorial de un medio de comunicación, o tiene como efecto la censura y la imposibilidad del medio de comunicar y divulgar su contenido editorial, se cae en un conflicto con las normas internacionales de la libertad de expresión. Ese es el caso de la Antai y el medio digital La Verdad Panamá. Si la propia entidad no es capaz de reconocer este error será necesario cambiar la legislación que le otorga esa facultad.



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