Ejecutivo y Legislativo, una agenda a conveniencia


Con la sanción del proyecto de ley permite la reelección de Etelvina Medianero de Bonagas en la rectoría de la Unachi, iniciativa impulsada por el diputado del gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD) Raúl Pineda, el presidente Laurentino Cortizo confirma una práctica cada vez más evidente: avalar a toda costa propuestas empujadas por sus copartidarios del PRD, aunque estas generen indignación colectiva.

En la lista están, por ejemplo, la ley que reformó el Código Electoral, la denominada ley Ábrego que pone en manos de la Corte Suprema de Justicia los procesos administrativos de funcionarios como el contralor, la llamada ley Benicio, que creó 11 nuevos corregimientos en Bocas del Toro, entre otros.

La sanción de la ley que permite la reelección de la rectora de la Unachi se da cuando falta casi un mes para las elecciones internas del PRD para escoger a su nueva junta directiva, proceso determinante en el camino para la elección del candidato presidencial del 2024.

En consecuencia, en el Legislativo los intereses del Ejecutivo también tiene luz verde, como la reciente ratificación de tres directivos del Canal, y de jefes de varias entidades del gobierno, entre otros. “Es la agenda de la coyuntura por la reelección”, aseguró la exdiputada Ana Matilde Gómez.

Dos poderes del Estado y la agenda de la reelección

Se necesitan para sacar adelante sus intereses políticos. La relación de conveniencia entre los poderes Ejecutivo y Legislativo se fortalece a medida que se acercan las elecciones internas del gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD) para elegir a la cúpula del colectivo, proceso determinante en el camino para la escogencia del candidato presidencial del 2024.

La más reciente muestra de ese vaivén de réditos quedó en evidencia luego de que el presidente Laurentino Nito Cortizo sancionara la ley que reforma administrativamente la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) y permite la reelección de Etelvina Medianero de Bonagas en la rectoría de esa universidad.

Cortizo le dio luz verde a una iniciativa que no solo encontró oposición entre la sociedad civil, y los círculos ligados a la educación, sino entre los propios estudiantes de la Unachi, quienes con múltiples cierres de calles, rogaban al mandatario que no sancionara la norma.

Cuando se le consultaba sobre esta iniciativa que fue propuesta por el diputado perredista Raúl Pineda, el mandatario daba pistas de lo que venía.

“Tengo que analizar lo que viene de asesoría legal… las decisiones de un presidente obviamente no son 100% agradables a la gente”, dijo en una oportunidad. Apenas unos días antes de que se diera a conocer la sanción a la ley, la Presidencia anunció la renuncia de Harley Mitchell a su cargo de principal asesor legal del mandatario en materia legal. ¿Por qué?, no explicaron.

Cortizo también respaldó a sus copartidarios del PRD cuando le dio el visto bueno al proyecto de ley que modifica al Código Electoral, propuesta que lideró su copartidario, el presidente de la Asamblea, Crispiano Adames.

El mismo desencadenó semanas de protestas multitudinarias en rechazo a las modificaciones. Entre ellas la permanencia del polémico fuero penal electoral, herramienta que de acuerdo a juristas, es un vehículo para la impunidad. Pero Cortizo vetó solo un artículo del proyecto: el que dejaba libre de multas a los candidatos (elecciones de 2019) que no presentaron su informe financieros.

El diputado independiente, Juan Diego Vásquez, una de las voces más críticas del Ejecutivo en la Asamblea, lo dice sin tapujos: hay “complicidad” entre el Legislativo y el Ejecutivo. Aseguró, por ejemplo, que los vetos que se dan y las sanciones de ley ocurren en un contexto coyuntural.

Vásquez rechaza la tesis de algunos de que Cortizo es un presidente “preso” por la Asamblea. “Más que un Presidente preso, es de un Presidente que rehuye a su responsabilidad principal, que es hacer lo correcto por los panameños, cumplir con la ley y la Constitución”, manifestó.

Agregó que con su actuar, Cortizo evidencia que prefiere tener a la Asamblea de su lado que tomar acciones que incluso sean políticamente beneficiosas en los ojos de la ciudadanía. “El sabe que lo está afectando, pero le conviene más tener a la Asamblea de su lado y seguir tolerando la presión de la ciudadanía”, concluyó.

Otros ejemplos

Otras iniciativas legislativas controversiales propuestas por diputados perredistas han recibido el aval de Cortizo en los casi tres años que lleva en el poder. Por ejemplo, en noviembre de 2021, sancionó la Ley 258, impulsada por su copartidario, el diputado Roberto Ábrego.

La denominada Ley Abrego establece que es la Corte Suprema de Justicia es la que debe investigar las faltas administrativas de altos funcionarios del gobierno, como el Contralor General de la República y directores de instituciones.

Ábrego presentó el proyecto en momentos en que el contralor Gerardo Solís era investigado en la Procuraduría de la Administración, por supuestas faltas al momento de otorgar un contrato directo. El mandatario, además, dio un espaldarazo al presidente de su partido, Benicio Robinson, al sancionar la Ley 172 de 2020, bautizada como Ley Benicio, que creó 11 nuevos corregimientos en la provincia de Bocas del Toro.

La misma norma segregó a Cauchero de Isla Colón, lo que en Bocas del Toro fue interpretado como una jugada política, pues Cauchero es el único corregimiento opositor del PRD, donde “Benicio siempre pierde”.

Relación simbiótica

Por su parte, el Ejecutivo ha conseguido, de parte de la Asamblea, las ratificaciones de nombramientos importantes: magistrados y magistradas de la Corte, y recientemente de tres directivos de la Autoridad del Canal de Panamá. Para ello cuenta con una aplanadora dispuesta a negociar.

Para la exdiputada independiente y exprocuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez, la dinámica entre ambos poderes del Estado, deja en evidencia un sistema político “que ha colapsado”. “Las alianzas son coyunturales”, considera Gómez y agrega que, a su juicio, el epicentro del poder sí está en la Asamblea.

Explicó que si bien gobiernos como el de Cortizo llegan al poder con una agenda de trabajo y un plan de gobierno, la misma se ve aplastada por la agenda que imponen los diputados y los gobiernos locales. “En términos generales, hay una agenda aplastante, una agenda que engaveta cualquier plan de gobierno… es la agenda de la coyuntura por la reelección”, manifestó.

Gómez planteó que sin el apoyo de los diputados “el Presidente no manda”, y lo comparó a la relación que existe entre los alcaldes de distritos y los representantes de corregimiento. Para Gómez, el sistema político está agotado y la solución no es solo más y mejores personas, sino un replanteamiento del sistema político que permita crear otras dinámicas de poder.



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