Debate sobre la CSS va a comisión de contacto



El debate sobre el futuro de la Caja de Seguro Social (CSS) y sus cuatro programas mantiene trancado el diálogo entre el Gobierno y representantes sindicales, dirigentes docentes y pueblos originarios, en el Centro Cristo Sembrador, en Penonomé.

La mesa de diálogo, que se instaló el pasado 21 de julio, ya agotó los temas de canasta básica, combustible, energía, educación y medicamentos. Queda pendientes de la agenda acordada: CSS, corrupción y conformación de mesas intersectoriales y de seguimiento.

El tema de la CSS empezó a debatirse el pasado sábado 6 de agosto, día en que se decretó un receso hasta el jueves 11 de agosto. Pero tanto ese jueves como ayer viernes 12 de agosto, la jornada registraba pocos avances.

Quejas y posturas

El jueves y viernes de esta semana, los grupos sociales (Alianza Pueblo Unido por la Vida, Alianza Nacional de los Derechos del Pueblo Organizado -Anadepo- y Bastión del Oriente Chiricano, Pueblo, Comarca Ngäbe Buglé y Campesinos) continuaron haciendo denuncias sobre presuntos incumplimientos por parte del gobierno de Laurentino Cortizo, a los acuerdos logrados hasta ahora en la mesa.

Pedían que se resolvieran sus quejas, antes de avanzar hacia el tema de la CSS. Solicitaban la presencia de funcionarios de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) y del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida), para que respondieran sus inquietudes.

El equipo de Gobierno atendió algunos reclamos e insistió en que está haciendo todo lo posible por cumplir lo pactado.

Varias veces, en estos dos días, la Iglesia católica, en su papel de facilitadora del diálogo, llamó a que se cumpliera la agenda, se siguiera con el tema de la CSS y se creara una mesa para dar seguimiento a los acuerdos, como en un principio se planteó en la metodología.

Las propuestas para la CSS

También cada quien se mantuvo en su posición sobre el tema de la CSS. Los grupos sociales no aceptaron la invitación del Gobierno a sumarse al Diálogo Nacional por la Caja de Seguro Social, convocado por el presidente Cortizo en diciembre de 2020 y que está en pausa, a la espera de un informe de la Organización Internacional de Trabajo (OIT).

El Ejecutivo pidió a la junta directiva de la CSS la “recomposición” del diálogo para que las alianzas se integraran. Pero hasta ayer viernes se mantenía el tema en disenso. Los grupos sociales quieren que se inicie un diálogo desde cero, “una mesa única tripartita”, sin partidos políticos, pues señalan que el Diálogo Nacional por la CSS es “ilegítimo”. Quieren que se mantenga como facilitadora a la Iglesia católica.

La acusación de que aquel diálogo es ilegítimo y excluyente es la misma que otros sectores, como las 120 organizaciones de la Gran Alianza por Panamá, hacen a la mesa de Penonomé. También protestó la Concertación Nacional para el Desarrollo, que recientemente pidió que el diálogo de Penonomé se integre a este foro creado por ley.

Eduardo Gil, del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato), indicó que el Diálogo Nacional por la CSS tiene una serie de integrantes que -según él- no tienen una representación idónea. Aseguró que no es un diálogo “tripartito”, como manifiesta el equipo de Gobierno. Puso como ejemplo que ahí se encuentra un representante de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, que nada tiene que ver con el tema. “Estamos demandando que sí sea tripartita y que participen otros trabajadores”, señaló Gil.

Edwin Salamín, secretario de la CSS y parte del equipo del Ejecutivo en la mesa en Penonomé, pidió a las agrupaciones sumarse al diálogo por la CSS ya convocado.

Mesa de contacto

A las 4:08 p.m. de ayer, tras la insistencia de las alianzas y luego de un receso, el equipo de Gobierno, que lidera la ministra de Trabajo, Doris Zapata, anunció que funcionarios de Acodeco, IMA y Mida llegarían al Centro Cristo Sembrador, para despejar las dudas de los grupos sociales.

Con esa información, tanto las alianzas como el equipo del Ejecutivo acordaron crear una “comisión de contacto o acercamiento” para hablar de la CSS. Se designaron seis miembros por las alianzas y tres del Ejecutivo.

Mientras, en la plenaria, los representantes de las instituciones antes citadas respondían las preguntas de los gremios, que insistían en que si no se cumple con los acuerdos pactados, no se puede continuar con el resto de los temas en agenda, como la corrupción.

130 inspectores ante una tarea colosal

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) cuenta con 130 inspectores no solo para supervisar los acuerdos de la mesa única del diálogo de Penonomé relacionados con los 71 productos de la canasta básica familiar, sino también para hacer sus funciones habituales: “vigilar y controlar a los agentes del mercado para que, en las relaciones de consumo, no vulneren los derechos e intereses de los consumidores”.

El viceministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, Roger Tejada, detalló esta información en el diálogo de Penonomé ante el reiterado cuestionamiento de los sectores sociales que denuncian incumplimiento de los acuerdos, especialmente en materia de canasta básica, que implicaban su reducción en un 30%

Tejada explicó que con las nuevas responsabilidades de Acodeco a raíz de la mesa del diálogo, se le dio funciones de inspección a 50 funcionarios, para unirse a los 80 que ya hacían esta labor.

La planilla total de la entidad, que dirige Jorge Quintero, es de 475 funcionarios.

Armando Espinosa, de Alianza Nacional del Pueblo Organizado, insistió en que la Acodeco no tiene capacidad para supervisar 13 mil minisuper y abarroterías, así como los cerca de 300 supermercados.

La Acodeco, por su parte, continuó este viernes con diversos operativos para verifica el cumplimiento del Decreto Ejecutivo N° 16 de 26 de julio de 2022, que establece el margen bruto máximo de comercialización para 17 productos importados de los que integran la canasta básica de alimentos y otros de aseo personal y de uso hogareño. De 209 locales visitados, 13 no cumplieron y 6 son supermercados.

Además, Acodeco debe hacer cumplir el Decreto Ejecutivo No. 17 de 26 de julio de 2022 que creó el “programa Productos Panamá”, con el fin de poner a disposición 36 productos nacionales, a precio de descuento, entre ellos la pechuga de pollo.

Estos se sumaron a los 18 que ya estaban regulados desde 2014, cuando la administración de Juan Carlos Varela (2014-2019) aplicó la política de control de precios.

Según Acodeco, en lo que va del presente mes se visitaron 2,015 comercios de todo el país, de los cuales 1,875 cumplieron con el Decreto Ejecutivo No. 13 del 13 de julio de 2022, que dicta el control de precios a 18 productos de primera necesidad.

En total, se ha sancionado a 140 comercios, por una cuantía total de unos 145 mil dólares.

En cuanto al arroz, los informes de Acodeco se refieren a un 97% de incumplimiento, al menos respeto de la regla de la Comisión Panameña de Normas Industriales y Técnicas (Copanit), que establece que el arroz especial debe contener como mínimo 94.5% de granos enteros, 5% de granos quebrados y 0.5% de arrocillos.

“Los molinos despachan arroz de primera como especial, tal vez tratando de evitar el control de precios del arroz de primera”, dijo Quirós.

El presupuesto de la Acodeco para este año 2022 es de $9 millones 259 mil 47 y para 2023 se le aprobó un poco menos: $9 millones 219 mil 157.



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