Corrupción, una debilidad para el riesgo soberano


La agencia de calificación de riesgo Fitch Ratings señaló en un reporte sobre Panamá que los indicadores de gobernanza vinculados al control de la corrupción son más débiles que en otros países con un nivel similar de calificación de riesgo, lo que representa una debilidad desde el punto de vista del perfil de riesgo soberano.

Otras debilidades para la calificación son las repetidas revisiones al límite de déficit fiscal y la volatilidad del crecimiento, situación magnificada por la pandemia.

Entre las fortalezas, por su parte, están un crecimiento económico superior a los pares en las últimas dos décadas, ventajas estructurales por la ubicación geográfica y activos como el Canal de Panamá, así como el acceso a prestamistas multilaterales y al mercado de capitales.

Carlos Morales, director del equipo de soberanos de Fitch, comentó a este diario que la agencia utiliza los indicadores de gobernanza del Banco Mundial, que se basan en varios pilares, entre los que están la estabilidad política, la efectividad del gobierno, la calidad regulatoria y el control de la corrupción.

A partir de estos indicadores la agencia elabora una clasificación con todos los países a los que califica. En el caso de Panamá, Morales explicó que en el pilar de control de la corrupción está por debajo de países con similar nivel de calificación.

El analista detalló que su modelo de calificación incluye 18 variables distribuidas en cuatro pilares. En sus respectivos análisis, “encontramos que los indicadores de gobernanza tienen generalmente un peso importante sobre la capacidad de repago de un país”. Tal es así, que un 20% del resultado de las calificaciones es explicado por la gobernanza.

Aunque en muchas ocasiones las decisiones puntuales de mover la calificación en un sentido u otro se basan en temas fiscales o macroeconómicos, que suelen fluctuar más de un año a otro, “el nivel de gobernanza da un punto de partida del nivel de calificación, generalmente. Entonces es muy relevante para nuestras calificaciones y definitivamente es algo que le damos seguimiento cuando un país mejora o empeora”, sostuvo el analista.

Morgan Stanley

El banco estadounidense Morgan Stanley también hizo recientemente un reporte sobre la situación del país y en este análisis no faltó referencia a los indicadores de gobernanza.

En este caso, el banco señala que “el principal problema de gobernanza en Panamá es la corrupción”, mientras que en el lado positivo destaca la estabilidad macroeconómica propiciada por la dolarización.

La entidad se refiere también a la permanencia del país en la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI), en la que está por las deficiencias en materia de prevención y persecución del blanqueo de capitales. Este es, según el banco, uno de los grandes riesgos para la recuperación.

El GAFI instó a Panamá a resolver las deficiencias pendientes antes del mes de junio o de lo contrario podría hacer un llamado al resto de jurisdicciones para aplicar medidas ampliadas de debida diligencia sobre las relaciones comerciales y las transacciones con Panamá. “Noticias negativas del GAFI en junio podrían aumentar la preocupación sobre la gobernanza en el futuro”, señala el banco estadounidense.

Evaluación regional anticorrupción

Tampoco sale bien parado el país en cuanto al control de la corrupción en el estudio “Evaluación anticorrupción en Latinoamérica 2021-2022″, elaborado por el Consejo de Abogados para los Derechos Civiles y Económicos, un programa del Cyrus R. Vance Center for International Justice del Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York.

El estudio evalúa la legislación, las autoridades y la implementación de leyes para prevenir, sancionar y combatir la corrupción, a partir de la visión de profesionales del derecho dedicados a la práctica anticorrupción en diversos sectores, incluidas firmas de abogados, empresas y academia.

A partir de esta información se asigna una puntuación a cada país y se elabora una clasificación. De un total de 17 países que figuran en la lista, Panamá ocupa la posición número 12. Los países mejor calificados son Uruguay y Chile, y los que menos puntos obtienen son Guatemala y Venezuela.

Según el reporte, en el caso de Panamá, “el marco normativo anticorrupción es insuficiente. Dentro de estos aspectos destacan la falta de mecanismos de prevención, regulación de conflictos de intereses, extinción de dominio y la existencia de sanciones muy débiles”.

Entre los principales desafíos que cita el informe para la aplicación del marco jurídico están la “insuficiente voluntad política para su ejecución, mecanismos de detección y prevención de corrupción insuficientes, falta de independencia judicial y/o de los órganos de procuración de justicia, y recursos económicos y humanos inadecuados para las agencias anticorrupción”.

El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura, José Ramón Icaza, señaló que algunos de estos reportes internacionales recogen el sentir de actores del país.

El empresario dijo que el país tiene grandes oportunidades, pero también áreas de mejora. “Dentro de los desafíos que tenemos que atender, está el sistema de administración de justicia, que es importante para la atracción de inversión extranjera directa”, sostuvo Icaza.

De igual forma, se refirió a la necesidad de fortalecer las instituciones, sobre todo aquellas que tienen un rol fiscalizador para que se puedan generar los pesos y contrapesos necesarios.

Informes de este tipo tienen un perfil internacional, y suelen ser consumidos por analistas y potenciales inversionistas.

El economista Luis Alberto Morán dijo que “los países que tienen débil institucionalidad y son corruptos no son países competitivos; son países condenados a la pobreza y al estancamiento económico”.

El economista sugiere observar los esfuerzos de Uruguay y Chile para fortalecer la institucionalidad y combatir la corrupción. “Esto hace que las empresas comiencen a buscar instalarse en esos destinos… Reglas de juego claras y seguridad jurídica es lo que buscan las empresas”.

Morán añadió que en estos momentos hay un proceso de relocalización de empresas en el mundo, y que estas “buscan destinos seguros, confiables, transparentes y adecuados para sus inversiones”.



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