Contención del gasto, ruta para mantener calificación



La revisión a negativa de la perspectiva de la calificación de riesgo de Panamá manda un mensaje a las autoridades del país para que se controlen los niveles de déficit fiscal y de deuda pública.

El economista Felipe Chapman señaló a este diario que la decisión de la calificadora Fitch Ratings “es lógica, porque hay una preocupación de varios factores, como un ritmo de crecimiento de la economía a la baja, ingresos fiscales cayendo y aumento del gasto operativo. El mensaje que nos están enviando a los ciudadanos es que no dejemos de lado la disciplina fiscal y que no se nos vaya la mano en el gasto”, apuntó.

La agencia mantuvo el jueves la calificación de Panamá en BBB, dentro del grado de inversión, pero puso la nota en perspectiva negativa, lo que podría ser la antesala de una rebaja en la calificación si los indicadores de Panamá se siguen deteriorando.

La deuda del sector público no financiero pasó de un 39.4% del producto interno bruto (PIB) a un 46.4%. En valores absolutos, al cierre de 2018 los compromisos del sector público sumaban $25,686 millones, mientras que al 31 de diciembre de 2019, la cuenta subió a $31,018 millones. Es decir, $5,332 millones más en un solo año, cifra que sobrepasa el presupuesto de la ampliación del Canal de Panamá.

El notable aumento de la deuda se produjo por el incremento del gasto público, la caída de los ingresos provocada por un menor crecimiento económico y por el pago de compromisos adquiridos anteriormente por el Gobierno y que no estaban computados en el balance.

El viceministro de Finanzas, Jorge Almengor, dijo que “se reconocieron obligaciones que antes no habían sido registradas, y ello ha incidido desde el punto de vista del endeudamiento”.

Fitch ponderó en su decisión “el marcado deterioro en los déficit fiscales y el significativo incremento de los niveles de deuda del gobierno”, y señaló que la administración de Laurentino Cortizo, que asumió el poder en julio de 2019, advirtió sobre la acumulación de deudas en la pasada administración y un manejo discrecional en las cuentas para cumplir los límites de déficit establecidos por la ley.

Sobre este aspecto, el exministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, señaló a este diario que “no hubo tal manejo discrecional. En los déficit fiscales se incluyen por mandato de la Ley de Presupuesto sólo los gastos que efectivamente fueron pagados. La Contraloría General de la República, en los informes del contralor de los años 2014 a 2018, publicó la cifra oficial de los déficit fiscales de cada uno de esos años”.

Consecuencias

Al pasar la perspectiva de estable a negativa, la calificación de riesgo del país está más próxima a una eventual rebaja. No obstante, las fuentes consultadas no esperan que se concrete el “downgrade”.

Tampoco se prevé que a corto plazo el Gobierno note el movimiento de Fitch en las emisiones de deuda en forma de mayores intereses.

“Nuestra Dirección de Financiamiento Público no prevé una afectación en los términos de capacidad de endeudamiento del Estado. La calificación se mantuvo. No debe incidir en los costos de financiamiento. Varios países que se comparan con Panamá están en una situación similar”, dijo Almengor.

Por su parte, el gerente general del Banco Nacional de Panamá, Javier Carrizo, dijo que eventualmente podría haber implicaciones en los costos de endeudamiento “si no se tomasen las medidas correctivas y nos bajasen la calificación”. No obstante, defendió que el Gobierno está tomando las medidas pertinentes, que le han sido explicadas a las calificadoras y que en el pasado el actual ministro de Economía, Héctor Alexander, ya corrigió una situación parecida.

Almengor apuntó que el Ejecutivo tiene una estrategia para revertir la situación actual de las finanzas públicas, que pasa por contener el gasto corriente, fortalecer los ingresos y dinamizar la economía.

En su hoja de ruta, el Gobierno tiene previsto ir reduciendo paulatinamente los niveles de déficit a lo largo de su administración.

“Es fundamental generar el ahorro corriente, reducir los gastos en función de los ingresos y dinamizar los gastos de capital o la inversión”, dijo el viceministro.

Una de las variables que será seguida con atención por las calificadoras es el cumplimiento de los límites de déficit establecidos en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, que en el pasado fueron modificados, lastrando la credibilidad de la política fiscal de Panamá.



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