Coahuila buscará desaparecidos entre cadáveres inhumados sin identificar


Explicó que ya está autorizado un presupuesto de unos 16 millones de pesos ($860,000) para la identificación de los cadáveres, para lo cual se les tomarán muestras de ADN y se contrastará con los perfiles de familias que tienen parientes desaparecidos.
 
Este proyecto forma parte de la nueva ley aprobada por el Congreso estatal para la búsqueda e identificación de personas desaparecidas, la primera en su tipo a nivel nacional.
 
La nueva ley, elaborada con la ayuda del Comité Internacional de la Cruz Roja, destaca que Coahuila es “una de las entidades más afectadas por la desaparición de personas”, una problemática a la que las autoridades “no dieron respuesta oportuna en su momento”.
 
“A las desapariciones se sumaron muchas otras consecuencias negativas que también deben ser corregidas, como la existencia de numerosos cuerpos inhumados en fosas comunes sin identificar. Estos restos deberán ser identificados por medio de las acciones previstas en esta ley”, señala el documento.
 
Coahuila fue escenario de la peor masacre en México de los últimos años. Sucedió en marzo de 2011 en los municipios del norte del estado como Allende y Piedras Negras, entre otros, producto de una venganza del líder del cártel de Los Zetas, Miguel Ángel Treviño Morales, alias Z40, contra colaboradores que lo habían traicionando.
 
Esa venganza provocó que más de 300 personas desaparecieron o fueron asesinadas e incineradas en “narcococinas” de la región, según testimonios en poder de las autoridades.
 
Además, en la prisión estatal ubicada en Piedras Negras, fronteriza con Estados Unidos, fueron cremadas decenas de personas que habían sido asesinadas por los Zetas.
 
“Son unas 150 personas privadas de su libertad que se les asesinó y posteriormente se incineraron los cadáveres en el área de talleres y carpintería”, señaló Herrera.
 
El fiscal recordó que al inicio del mandato de Rubén Moreira (2011-2017), que concluyó el 30 de noviembre y dio paso al gobierno de Miguel Riquelme -que ganó las elecciones de junio como candidato del oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI), había más de 5,850 personas reportadas como extraviadas.
 
“Para intentar localizarlas iniciamos el Operativo Toca Toca, el cual consistió en ir casa por casa de las familias con desaparecidos y verificar si las personas ya habían regresado a sus hogares”, indicó.
 
Realizaron 210 operativos de esa naturaleza durante el sexenio, logrando ubicar, vivas o muertas, al 68% de los desaparecidos, es decir, a unas 3,096 personas.
 
El actual padrón de desaparecidos registra 1,865 personas. Se presume que un 70% de ellas están relacionadas con eventos del crimen organizado.
 
“No porque los desaparecidos sean criminales. Muchos de ellos estaban en el momento y en el lugar equivocado, o por estar en compañía de una persona buscada por los criminales”, precisó Herrera.
 
La región de Coahuila que reporta la mayor cantidad de personas a las que se les perdió el rastro es La Laguna, una zona disputada por Los Zetas y el Cártel de Sinaloa, donde se ubica el 47% del total del padrón.
 
En el norte del estado, en los municipios de Allende y Piedras Negras, la Subprocuraduría tiene 250 denuncias de personas desaparecidas.
 
No obstante, organizaciones como Familias por Nuestros Desaparecidos de Piedras Negras registra un padrón de más de 280 personas desde el 2010 a la fecha.
 
El fiscal destacó que la Procuraduría lleva a cabo unos 47 procesos judiciales contra personas implicadas en la masacre de Allende y Piedras Negras, de los cuales una media docena son policías municipales.
 

También hay nueve guardias detenidos, quienes permitieron los crímenes en el interior de la prisión de Piedras Negras, concluyó Herrera. 




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