Cavando la tumba de la Caja de Seguro Social



La precarización del empleo es el peor enemigo de la Caja del Seguro Social (CSS). No es un “debate ideológico”, sino una “realidad matemática”. En los últimos 10 años (2012-2022) la población en edad productiva (más de 15 años) creció en 723 mil personas y más de 420 mil panameños ingresaron al mercado laboral (aumento de la Población Económicamente Activa, PEA).

Hoy tener la planilla estatal más alta de la historia, pero tenemos menos empleos asalariados privados que en marzo del 2012 (794,411 vs 805,301) y casi 250 mil informales más que hace una década.

En ese lapso, la informalidad pasó de 37.3% de la Población Ocupada No Agrícola, a 48.2%, y se generaron casi dos nuevos trabajadores informales por cada empleo formal privado que se perdió.

Se perdieron 10 años de generación de empleo formal en la empresa privada, evidenciando una sistemática precarización y estatización del empleo, agravada por la pandemia y producto del deterioro en el clima para la inversión privada en el país. Sin inversión privada no habrá generación de empleo formal, y sin nuevos empleos formales, la CSS está condenada a muerte “hagamos lo que hagamos”.

Cada $1 de salario privado aporta $0.26 a las finanzas del Estado (15% Impuesto sobre la Renta, 9.75% CSS y 1.25% Seguro Educativo). El salario del funcionario también, pero al ser el Estado el empleador, equivale a “sacarse de un bolsillo para metérselo en el otro”.

No se están agregando nuevos empleos formales a la economía, aún con los constantes aumentos en el número de funcionarios públicos, uno de los detonantes del actual conflicto social.

Entre enero y junio 2022 el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) tramitó 117,006 nuevos contratos laborales (80% temporales), cifra 42% inferior a los 202,108 procesados por la entidad para el mismo período del 2019, año en el que se tramitaron 378,495 nuevos contratos laborales (79% temporales), pero sólo se agregaron 52,040 nuevos empleos a la economía, todos informales.

En el 2022 y antes de la actual crisis social, la precarización laboral se aceleró. Según un reciente informe laboral del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), entre octubre 2021 y abril 2022 se generaron unos 109 mil empleos, 60 mil de ellos informales y 11 mil de funcionarios.

De los 38 mil empleos asalariados del sector privado que se crearon, el 80% fueron temporales y sólo 7,600 son permanentes, versus 60,047 informales (proporción 1 a 8).

La precarización se concentra en sectores claves. El 80% de los nuevos empleos en la construcción son informales, Logística 85%, Industria 57% y Comercio 44%, sólo por mencionar algunos.

La planilla estatal es financiada con préstamos. Para el 2023, se espera que los aportes del Canal de Panamá al Tesoro Nacional sean de unos $2,600 millones, una fracción de los recursos asignados al pago de la planilla estatal, que supera los $4 mil millones. A ésto se le agregan los subsidios, que totalizan más de $2 mil millones anuales, también financiados con deuda.

El servicio de la deuda en el presupuesto del Estado del 2023 conllevará una asignación de $4,500 millones, 66% superior a los $2,700 millones asignados al Ministerio de Educación (Meduca) y 50% más que la evasión fiscal existente en el país, que ronda los $3 mil millones, según la DGI.

Un reciente informe del Departamento de Estado de Estados Unidos expresó preocupación con respecto al clima para la inversión privada en el país, alertando que deficiencias estructurales de Panamá, como los altos niveles de corrupción, una reputación de falta de pago por parte del Gobierno, una fuerza laboral con poca educación, un sistema judicial débil y malestar laboral, lastran su clima de inversión. Igualmente son amenazas los altos déficits fiscales del gobierno, el desempleo y la desigualdad.

El pronunciamiento del Gobierno norteamericano se añade a opiniones expresadas por las Calificadoras de Riesgo Moody’s y Fitch Ratings (julio 2022), y Standard & Poors (agosto) en relación al impacto de las protestas sobre el clima de inversiones en el país y perspectivas de calificación de su deuda soberana.

El deterioro de la confianza en el clima de inversiones y la sistemática satanización de la iniciativa privada en el país han “alimentado” a la peor amenaza que hoy enfrenta la CSS, la precarización del empleo.

El capital y el trabajo no son enemigos. Sin empleadores no hay empleados que coticen a la CSS. Y sin cotizantes, la CSS no existe. Urge transmitir confianza de que invertir en Panamá es buen negocio, para generar empleos dignos.

El autor es asesor empresarial.



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