Brunch dominical


La mentira es el único punto que no está en el orden del día de la Asamblea Nacional, pero que se cumple continuamente. O ininterrumpidamente, si nos vamos a referir a lo ocurrido el pasado miércoles en la Comisión de Presupuesto, cuando decidieron discutir, a puerta cerrada y sin comunicar lo acontecido a través de las redes sociales y el Canal 96 de la Asamblea, lo referente al crédito de $22.8 millones para alimentar la planilla 002. Según el artículo 90 del reglamento orgánico de la Asamblea, las sesiones serán públicas y transmitidas “obligatoriamente” por la radiodifusora oficial del Estado (eso incluye las señales de radio y televisión) a todo el país. “En caso de no poder la radiodifusora estatal transmitir las sesiones, el Estado tendrá la obligación de garantizar que, a través de otros medios, llegue la transmisión a todo el país”, dicta la norma. Así que si los diputados no tienen el decoro de decir la verdad en cuanto a lo sucedido en esa comisión, el personal que suspendió la transmisión de esa sesión, en violación al reglamento interno, debe responder por eso. Que esa persona diga quién le indicó que tenía que dejar de transmitir. O es que los panameños van a tener que tomar acción legal contra cada funcionario administrativo que se deja avasallar por un diputado, para que las cosas empiecen a funcionar, sin que los tomen por tontos útiles.

EL VIERNES pasado, circuló un comunicado de la magistrada presidenta de la Sala Penal, María Eugenia López Arias, dando una serie de explicaciones en cuanto a la reciente suspensión de la audiencia del caso Blue Apple, originalmente programada para el 11 de noviembre de 2020. Entre las razones esgrimidas está desde la crisis sanitaria por la Covid-19 y la consecuente suspensión temporal de los términos judiciales, hasta la ausencia de dos investigados detenidos el 6 de julio en Guatemala. Se trata de Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, que desde entonces están en las carceletas de la Torre de Tribunales de ciudad de Guatemala. El comunicado explica que se hace necesario adelantar los “trámites de emplazamiento y asistencia judicial internacional”, para la notificación y citación al proceso de ambos, para lo que se calcula se requiere, “como mínimo”, unos cuatro meses. Para cualquier panameño de a pie resulta incomprensible que estos señores todavía no estuviesen notificados, tomando en cuenta que en mayo y junio pasado, cuando a Luis Enrique y Ricardo Alberto -respectivamente- se les otorgó las fianzas de $5 millones a cada uno, para no ser detenidos, ya se sabía que había audiencia en noviembre, porque el juzgado lo había anunciado desde enero. O sea que para unos trámites sí estaban disponibles, localizables y prestos, y para otros, no. Ya va siendo hora que los tribunales valoren estas conductas evasivas de los imputados, al momento de otorgar cualquier beneficio. Ahora la audiencia fue reprogramada para el próximo 19 de abril. En cinco meses no podrán decir que no han podido ser notificados, porque o están en Guatemala o estarán en Brooklyn.



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