Brunch dominical



El viernes pasado se conoció la opinión del procurador (encargado) de la Nación, Javier Caraballo, quien, en un fallo de 43 páginas, concluyó que es inconstitucional el reconocimiento del principio de especialidad al expresidente imputado por presunto blanqueo de capitales en los casos Odebrecht y New Business, por parte de los magistrados del Tribunal Electoral (TE), Alfredo Juncá y Heriberto Araúz, porque, entre otras cosas, ese asunto no era de la competencia de ese tribunal.

Y es que aquel que habló por primera vez de no mezclar peras con manzanas, sabía lo que decía. La regla de especialidad no se menciona siquiera una vez en el Código Electoral; su aplicación está establecida en el Código Procesal Penal, convenios y tratados, y una de sus excepciones se da cuando el Estado extranjero consiente en que se procese al extraditado por delitos distintos a los del caso que originó la extradición. En el caso que nos ocupa, esa medida está contemplada en el tratado de 1904 entre Panamá y Estados Unidos. Ahora, ¿cuándo tiene el Estado la oportunidad de expresar su posición respecto a la aplicación de esa regla? Precisamente después de que alguien la haya invocado en un proceso. Pero resulta que cuando el TE se arrogó para sí una atribución que ninguna ley le ha dado, privó automáticamente a la contraparte (representado por el Ministerio Público) de contradecir los argumentos planteados por la defensa del expresidente, como bien advirtió el procurador Caraballo en su opinión a la Corte. Si existe alguna jurisdicción con efectos estrictamente locales, es la que tiene que ver con materia electoral. El TE sólo puede conocer procesos y reclamaciones electorales y nada más, a menos que la Constitución, el Código Electoral u otra ley disponga expresamente lo contrario. Entonces, ¿cómo Juncá y Araúz pueden privar al Estado panameño para decidir sobre una obligación adquirida frente a otro Estado, a través de un tratado? Si el Tribunal Electoral utiliza los pronunciamientos acerca del fuero electoral para inmiscuirse en otros asuntos, nada impide que más adelante termine atendiendo temas como homicidios, estafas, robo y demás, únicamente porque hay un político aforado involucrado en el acto.

Lo sucedido también nos ha recordado otro aspecto de la ley electoral. El fuero electoral penal a favor del expresidente estuvo vigente a partir del 28 de enero, pero la audiencia del caso New Business empezó el día antes, el 27. O sea que, como el Código Electoral no lo prohíbe, cualquier persona solo tiene que promover una elección de algo para así adquirir un fuero, incluso después de que cometió un delito. Con esto se demuestra que en este país hay leyes que están previstas para la impunidad.

Nos habría gustado cerrar esta columna con una frase divertida, como usualmente lo hacemos. Pero este asunto es demasiado grave para hacerlo de esa manera.



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