Alza de tasas de interés exacerba los desafíos fiscales


En un intento por controlar la inflación, la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos dio un giro más agresivo a su política de alza de tasas de interés de referencia. En su reunión de junio, el Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal elevó las tasas de interés en 75 puntos básicos, la mayor subida desde 1994, que siguió a otras alzas de 50 puntos básicos en mayo y de 25 puntos en marzo de este mismo año.

Los tipos de referencia quedaron en un rango entre 1.5% y 1.75%. Pero no se detendrán ahí. Es probable que en la próxima reunión de julio se produzca un nuevo incremento entre 0.50% y 0.75% y la expectativa de la Fed para el cierre del año 2022 es que las tasas de referencia terminen en un 3.4%, muy por encima del 1.9% que se pronosticaba el pasado mes de marzo.

La Fed quiere así contener el alza de los precios, que en mayo fue de 8.6%, la mayor tasa en 40 años, y lo hace elevando el precio del dinero para enfriar la economía.

El incremento de tasas de referencia se termina trasladando a los mercados y elevando, a su vez, el tipo de interés al que los emisores de deuda colocan sus títulos.

En un entorno de mayores tasas, los desafíos fiscales que enfrenta una economía dolarizada como la panameña adquieren especial relevancia, porque cada dólar que se pida prestado en el mercado va a tener un costo superior.

El sector público no financiero ha incurrido en déficits fiscales desde el año 2009, con desequilibrios especialmente notorios en 2020 y 2021, debido a la fuerte caída de ingresos provocada por las restricciones impuestas en pandemia.

Para este 2022, la Ley de Responsabilidad Social Fiscal marca un límite de 4%, que se irá reduciendo paulatinamente en los siguientes ejercicios hasta un 1.5% de 2025 en adelante.

Según esta programación, el Gobierno tendrá que ir al mercado todos los años a buscar recursos para financiar el déficit fiscal y los niveles absolutos de endeudamiento seguirán subiendo.

Por eso, economistas y representantes del sector privado advierten de la creciente importancia de usar los fondos de una manera racional y de buscar mayores equilibrios fiscales.

El economista Felipe Chapman comentó a este diario que lo que se requiere en esta situación es una mejor administración de los gastos, un uso más racional y técnico, considerando qué es más rentable para el país y sus ciudadanos.

Planteó que una vez pasada la peor parte de la crisis económica, sería conveniente detener las nuevas contrataciones en el Estado y no reemplazar las salidas, de manera que, en el tiempo, se vaya reduciendo el gasto.

La realidad es que el gasto operativo del Estado, donde la planilla tiene un peso importante, no ha dejado de crecer. Según el balance fiscal de 2021, el gasto en servicios personales de las entidades del gobierno central sumó $3,792 millones, superando en $235 millones el gasto del ejercicio anterior, con la planilla creciendo tanto en salario como en número de funcionarios.

El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Rubén Castillo, se refirió a la importancia de la austeridad en el Estado y a la necesidad de generar confianza para atraer inversión, de manera que la economía se recupere a una mayor velocidad y se genere más empleo.

Apuntó que “hoy más que nunca, hay que verificar la eficacia y eficiencia de los subsidios para dirigirlos donde deben estar por los periodos correctos de tiempo… No se puede pretender que la gente va a aguantar la crisis simplemente recibiendo un vale. Necesitamos estimular el empleo de forma más vigorosa y rápida”.

Con la pandemia y la nueva oleada de ayudas a los hogares, el gasto en subsidios se disparó a $2,945 millones en 2021. Para este año se presupuestó una cantidad inferior, tomando en cuenta que, por ejemplo, programas como el Vale Digital expiraban en junio, pero el presidente Laurentino Cortizo anunció la extensión del programa hasta fin de año.

Además, a raíz del aumento del precio del combustible el Gobierno ha aprobado programas de subsidios para congelar el precio de la gasolina a determinados sectores, medidas que pondrán más presión sobre el gasto en subsidios.

Las pensiones

Otro riesgo que se agudiza con la subida de tasas de interés está vinculado a la crisis de la Caja de Seguro Social y su programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), que está en déficit y consumiendo unas reservas que se prevé se agotarán en los próximos años, mientras el diálogo convocado para encontrar soluciones hacia la sostenibilidad del programa no ha logrado mayor avance.

Chapman destacó que se debe atender esta situación porque “va a poner una presión fiscal enorme”, toda vez que en ausencia de una solución a la crisis del subsistema de beneficio definido del IVM, los fondos de las pensiones saldrían eventualmente del Gobierno, elevando la presión sobre el gasto y el déficit fiscal, que habría que financiar a tasas más altas.

En el otro lado del balance fiscal están los ingresos y Chapman también abogó por mejorar y hacer más efectiva la recaudación. “Cuántos no hemos tenido la experiencia de ir a un sitio y que le pregunten a uno si usted quiere factura fiscal. Eso indica que tenemos un problema de recaudación”, dijo.

Tomando acciones por el lado de los ingresos y de los gastos se podría mejorar el saldo fiscal, reduciendo déficits o eventualmente llegando a un punto de equilibrio o superávit para que el país no tenga que financiarse a tasas más altas, sostuvo el economista.

En un escenario de presión fiscal como el que se prevé, Chapman dijo que se podrían requerir reformas, pero que es algo que no ve viable ni política ni socialmente sin que antes quien gobierne haga los ajustes pertinentes en el gasto, atienda el problema del programa de beneficio definido de pensiones y mejore la recaudación. “Un Gobierno tiene que atender todos esos problemas antes de lo más cómodo de ir a los ciudadanos y pedir más impuestos”, planteó.

Refinanciamiento

Además de las necesidades puntuales de cada ejercicio para costear el déficit fiscal, el Gobierno tendrá que gestionar los vencimientos de deuda pública, con un elevado nivel de concentración en los próximos 10 años.

Solo en 2024, el año electoral, el país debe afrontar amortizaciones por más de $3,450 millones y en 2026 la cifra se acerca a $3,390 millones.

Los vencimientos de deuda se refinancian habitualmente, pero si la tendencia actual se mantiene, los fondos tendrán un costo superior a lo que se hubiese logrado hace apenas un año.

El economista Carlos Araúz apuntó que el país tiene grado de inversión y eso juega a su favor, pero también dijo que a la tendencia general de tasas altas marcada por la Fed se va a sumar la competencia de otros países por captar fondos al mismo tiempo, lo que también puede incidir en mayores tasas para el país.

Además, cuando los rendimientos de los bonos de Estados Unidos suben, como sucede actualmente, resultan más atractivos para los capitales.

¿En qué se puede traducir esta situación en el día a día de un ciudadano? En la medida que más fondos del presupuesto público se tienen que destinar a los intereses de la deuda, menos queda para otras inversiones. Araúz explica que “el apalancamiento mal manejado pasa la peor de las facturas a los más vulnerables, porque no vamos a poder resolver problemas de salud, seguridad social, seguridad física en las calles, porque la plata va a estar comprometida para pagar intereses altos”, apuntó.

El eventual crecimiento de los intereses se deberá acomodar en presupuestos con menos margen para el déficit fiscal, según la línea trazada por la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, cuyo cumplimiento será seguido de cerca por las agencias de calificación de riesgo.

En este sentido, Araúz dijo que “en vísperas de ambiente electoral, ojalá no caigamos en la mala costumbre del pasado de solicitar dispensas [para elevar el déficit], sino que tengamos disciplina fiscal”.



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